El viaje secreto a Bruselas del ex presidente catalán Carles
Puigdemont, viene a llenar de estupor a la ya alterada sociedad catalana.
Nadie de su entorno confirmó que el viaje haya sido acordado
previamente, como él dijo. Ni siquiera sabían algo al respecto.
En su partido, el PdeCAT –partido democrático europeo catalán‑,
nadie estaba enterado. Mientras sus integrantes iban a la reunión, el lunes a
las 11 de la mañana Puigdemont aterrizaba con 5 ex ministros en Bruselas.
“Está unos minutos retrasados pero viene”, decía la
coordinadora general del partido, Marta Pascal.
Puigdemont aparece desde Bruselas y dice: “Una
parte del Govern’ nos hemos desplazado a Bruselas para hacer evidente el
problema catalán en el corazón de Europa. Otra parte del Govern’ seguirá en
Cataluña realizando la actividad política como miembros legítimos”.
"Ante unos datos
contrastados que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva
altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña y funcionarios
que se mantuvieran fieles al Gobierno legítimo (...) el viernes acordamos que
el Gobierno priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación", sostuvo.
Desde el Club de Prensa de Bruselas, hablando en inglés,
francés, catalán y español descalificó el estado de derecho de España, por “su grave déficit democrático”, dijo
que no pedía asilo político y que no tenía garantías en España. Sostuvo que
estaba en Bruselas porque “es el corazón
de Europa” y desde allí quiere mostrar lo que ocurre en Catalunia. Una suerte
de gobierno en el exilio.
"Estoy
aquí para actuar con libertad y seguridad. Hemos venido a buscar garantías que
el Estado no nos da en Cataluña. Más que un deseo de justicia lo que percibimos
es un deseo de venganza"
El ejecutivo español “es
extremadamente agresivo”, dijo y afirmó que la puesta en marcha de la
República queda aplazada, con la finalidad de evitar la violencia. Pidió que se
garantice su seguridad personal y jurídica antes de llegar a España. Se siguió
considerando presidente catalán, aceptó la convocatoria a elecciones el 21 de
diciembre y le exigió al gobierno “un
compromiso claro de que aceptará los resultados”, cuando hasta hace unos
días decía que no tenía pensado llamar a elecciones, sino hacer valer el
referéndum. Recién ahora comprende que en este contexto las elecciones son una
especie de referéndum indirecto.
Para las autoridades de Madrid es fundamental que los
independentistas no boicoteen las elecciones.
A Puigdemont y la política que hace el independentismo no les
interesa la opinión pública española, sino la mundial, como sostuve en otro
post. Ahora lo confirma el hecho que denuncia el periodista Iñaki Aguado cuando
sostiene que "Salvo a TV3, en
catalán, ni un solo turno de palabra concedido a medios españoles en la rueda
de prensa de Puigdemont desde Bruselas". También Antonio Delgado denuncia
que “En la rueda de prensa de Puigdemont
se le ha negado la palabra a los medios españoles”.
Es difícil entender la cabeza de un hombre así, porque el
Fiscal General del Estado, José Manuel Maza ya pidió la inmediata detención de
todos ellos si no se presentan a declarar cuando los citen. También la Jueza de
Audiencia Nacional Carmen Lamela y el Magistrado del Tribunal Supremo, Pablo
LLarena, lo han hecho. De modo que el jueves y el viernes Puigdemont y otros 13
miembros del gobierno depuesto tendrán que ir a declarar. También la presidenta
del Parlament’ Carme Forcadell y otros 5 miembros de la Mesa de la Cámara.
Según la magistrada Carmen Lamela del relato del Fiscal se
desprende que: “urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento
secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las
autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (la
Anc y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el 1 de
octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlament el 27”.
De esta forma además del delito de sedición, prevaricación y
desobediencia que maneja la Fiscalía, el Tribunal Supremo maneja el de
conspiración para la rebelión.
En su auto, la jueza fija una fianza solidaria de
responsabilidad civil de 6.207.450 euros que deberán depositar en tres días; si
no la hacen efectiva, se embargarán sus bienes.
"No queremos
escapar a la acción de la Justicia, pero queremos las garantías jurídicas en el
marco europeo” -dijo Puigdemont-. “La querella
del fiscal general del Estado confirma la extrema agresividad que plantea el
gobierno español. No se sostiene jurídicamente, sino que busca perseguirnos
políticamente por nuestras ideas.". Son declaraciones que no dejan
claro que piensan hacer cuando la justicia española pida el arresto mediante
una euroorden. Cualquiera entiende
que están con la soga en el cuello, menos los autos exilados.
Según parece Puigdemont desde la semana pasada tenía ante sí
tres opciones. Irse a Gran Bretaña, a Holanda o Bélgica. Eligió Bruselas porque
es la sede de la Unión Europea y porque le garantiza el impacto mediático, el
apoyo del partido nacionalista flamenco que integra el gobierno belga y con el
que estuvo manteniendo desde hace tiempo tratativas y un sistema jurídico tan
garantista que puede complicarle a España la extradición.
Hasta ahora la aplicación del artículo 155 se fue dando sin
percances. No hubo resistencia, ni huelga general y los funcionarios públicos
no se opusieron. El Tribunal Constitucional suspende la declaración de
independencia del Parlament’. Más allá de esto en los últimos cuatro días
fueron destituidos 150 asistentes de funcionarios públicos.
Ante esto el empresariado catalán respiraba aliviado tras la
convocatoria a elecciones. La bolsa de valores se cerró con una subida del Ibex
del 2,44% y los tres valores mejor parados del día —Sabadell (5,7%), Colonial
(4,5%) y CaixaBank (4,2%)— pertenecen a empresas de origen catalán que han
trasladado su sede social fuera de Cataluña.
Las medidas de Rajoy para instrumentar la aplicación del
artículo 155 son:
· Se convocarán elecciones
en un plazo máximo de seis meses, "aunque
mi voluntad", ha dicho Rajoy, "es
hacerlo tan pronto como se recupere la normalidad".
· El Gobierno pide
autorización al Senado para proceder al cese del presidente, del vicepresidente
y de los consejeros del gobierno catalán. El ejercicio de sus funciones lo
asumirán los ministerios correspondientes durante el tiempo que dure esta
situación excepcional.
· La Generalitat
continuará funcionando y seguirá siendo la administración ordinaria de la
Comunidad Autónoma. Esta administración actuará bajo las directrices de los
órganos designados por el Gobierno de la nación, es decir, por los ministros.
· El Parlament no se
disolverá. Seguirá cumpliendo su función representativa. Sin embargo, la
Presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la presidencia de la
Generalitat, ni plantear plenos de investidura. Tampoco llevar a cabo
iniciativas que sean contrarias a la Constitución o al Estatut. El Gobierno
tendrá un plazo de 30 días para vetar, de producirse, dichas iniciativas.
· El Gobierno podrá tomar
control de TV3 para garantizar la transmisión de "una información veraz objetiva y equilibrada".
· Las autoridades
designadas por el Gobierno podrán dictar instrucciones directas y de obligado
cumplimiento a los Mossos d'Esquadra que podrán además ser sustituidos por
efectivos de las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El independentismo parece ahora darse cuenta que no tienen
poder para instalar una República. El independentista catalán Artur Mas tuvo
que reconocer que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. También Marta Pascal y el aspirante Santi
Vila (PDECat), reconocen que estos años se ha vendido humo a los catalanes al
anunciarles una independencia “fácil y
sin costes”. Y lo ha rematado Benet Salellas (CUP): “No hay ni estructuras de Estado (...) El
Govern no estaba preparado para la
unilateralidad.”
Ahora varios 'exconsellers' del Govern están regresando de
Bruselas a Barcelona en un vuelo de la compañía Vueling. Por ahora no se sabe
si Puigdemont viaja en ese avión.
Les prometieron lo imposible y los estafaron políticamente.
Según el periodista Joan Cañete Bayle Puigdemont es el
cómico.
Más exactamente habría que decir que es trági‑cómico.
