Chile suele ser muy pulcro y apegado a las normas a la hora
de legislar con técnica legislativa. Ese legalismo lo ha vuelto durante prácticamente
todo el siglo pasado –exceptuando los años de la dictadura de Pinochet-, junto
a Uruguay, en un país atípico, en una América de caudillos prepotentes y de
sistemas políticos que gobiernan con arbitrariedad. Cuando tienen legitimidad
de origen, ignoran la legitimidad de ejercicio y son meras democracias
protocolares y cuando carecen de legitimidad de origen, inventan escándalos
internacionales a lo Chávez y Castro’s para validar por esa vía, una supuesta
legitimidad de ejercicio basada en una auto determinación que está fuera del
estado de derecho.
Las reformas que impulsa el gobierno de Bachelet son
elaboradas y presentadas con precipitación y sin claridad. Olvidan que lo peor
que le puede suceder a una ley, no es que sea mala, sino que no se aplique. Una
ley mala que se aplica es una buena ley, una ley muy buena que no se aplica es
un simple debe ser, una petición de deseos y principios.
La permanente labor de cuidado y perfeccionamiento para que
luego la instrumentación, refleje el espíritu y el contenido de lo que se
legisla, no se puede intercambiar por modos sui generis de hacer las cosas,
puesto que legislar sigue un proceso normado y aceptado en el tratamiento que se hace de
un texto legal.
Si hasta ahora algo se puede visualizar en la confusión con
que está concebida la reforma tributaria, las contradicciones en el principio
de igualdad que tiene la reforma educativa, el rediseño del sistema electoral
para ampliar cargos políticos, las rigideces a qué se somete el mercado laboral,
allí en donde se ha vuelto prioridad el trabajo flexible para que no aumente el
desempleo, es que lo único que están buscando es favorecer a ciertos grupos de
presión que consideran estratégicos para afianzarse indefinidamente en el
poder. Ni siquiera tienen actitudes claras ante la demanda de Bolivia en la
Haya que lo que busca es promover la reelección de Evo Morales generando un factor
de irritación territorial, lo que está indicando que lo que verdaderamente le importa al
equipo de Bachelet, es el favoritismo corporativo.
Ahora, al mejor estilo del Frente Amplio de aquí, se suma a
todo esto la voluntad de desprestigiar a
la Constitución actual, poniendo para tal fin a un Consejo de Observadores Ciudadanos,
que no queda claro qué objetivos tienen y que en este contexto político oficia
de una nube tendiente a generar factores de distracción.
Una oposición débil limita la posibilidad de enfrentar el
descaecimiento del estado de derecho por el que se encuentra hoy Chile.
Basta ver el panorama económico mundial con la baja del
precio del cobre y el escenario político regional, para entender que los
vientos hoy soplan en dirección muy opuesta a esa necesidad chavista de reformar
la Constitución, para perpetuarse lo más posible en el poder.
Ni Cuba, ni Nicaragua se beneficiaran con el Plan Petrocaribe
de Venezuela, ni a ésta le será fácil campear la baja del petróleo en los mercados
mundiales y Bolivia se verá en dificultades ante la baja de los hidrocarburos
altamente procesados.
Chile tuvo durante este período la enorme ventaja de estar
fuera de estos gobiernos irresponsables y supo generar un acumulado de reservas
internacionales neta que le permiten campear hoy este temporal. Es realmente
una lástima que tenga que cargar con la misma herencia maldita de los gobiernos
bolivarianos, que primero la emprenden contra la arquitectura jurídica y
después destruyen la economía.
