Al independentismo no le interesa lo que se diga en España,
sino victimizarse ante la opinión pública mundial. Quiere llevar al Estado al
máximo límite posible, para alimentar el relato de un país oprimido, forzar la
represión para consumo de las redes sociales y abrir un período de represión
callejera.
La Candidatura de Unidad Popular, (CUP), que es un partido
anti sistema ya llamó “a una lucha no violenta” y a la “desobediencia civil
masiva”. El Gover además ya advirtió que sus funcionarios se negaran “a
obedecer órdenes de Madrid”.
Puigdemont siempre tuvo por un lado la presión de la gente y por otro la
cárcel.
Prometió que si se aplicaba el artículo 155 declaraba la
independencia. Los vaivenes que dió son desconcertantes. Primero
dijo que llamaba a elecciones, después que no lo tenía planteado y dejaba en manos
del Parlament la declaración de independencia. Es evidente que los radicales lo
empujaban y los moderados, como el conceller de Empresa Santi Vila, abandonaron el
barco.
Dice Santi Vila en su cuenta en twitter: "Dimito. Mis
intentos de diálogo nuevamente han fracasado. Espero haber sido útil hasta el
último minuto al 'president' y a los catalanes”.
Carles Puigdemont sólo escuchó las presiones que lo conducían al precipicio. Parece cosa de
locos, pero estaba en duda si se entregaba a la cárcel o se marchaba al exilio. Se puso a
diseñar un fracaso a su medida.
La unilateralidad en materia de política independentista
solamente es posible cuando se tiene el control territorial, militar,
financiero y una mayoritaria base popular. Cataluña carece de herramientas para
convertirse de un día para otro en país independiente. No tiene capacidad para
controlar las fronteras, para cobrar impuestos o para administrar los servicios
públicos sin las partidas que le brinda el Tesoro español.
El sentido común se volvió el menos común de los sentidos
y el daño que le hizo a Cataluña es muy grande en términos económicos. Aunque
la situación de inseguridad afecta a la economía española en su conjunto el
impacto mayor se concentra en la sociedad y la economía catalana.
«Nosotros estamos viendo en los servicios de transporte cómo
hay una caída de las relaciones comerciales e industriales, en el caso del
ferrocarril, por ejemplo, de hasta un 21%», explicó en una entrevista el
titular de Fomento, Íñigo de la Serna.
Junto a esto hay una fuga masiva de 1394 empresas.
Según el presidente de la Cámara de Comercio de España y de
Freixenet, José Luis Bonet, «va a costar mucho tiempo» que las compañías que
han salido vuelvan a Cataluña.
De acuerdo al Ministro de Economía, Luis de Guindos, la
paralización de la inversión o la caída de las ventas tienen que ver con las
«decisiones irresponsables del Gobierno de la Generalitat».
En esta corrida de los capitales de los bancos catalanes, el Consejero
delegado de Santander, José Antonio Álvarez reconoce que hay una mayor
afluencia de clientes, estimada en un 10 por ciento más, por las tensiones
desatadas.
El conflicto golpea directamente al sistema bancario y el
mercado de acciones subió el riesgo país español y bajó el euro frente al
dólar. El IBEX 35 cayó el 1,5 por ciento, empujado por la baja en las acciones
de los bancos. Entre otros, el BBVA cayó 2,9 por ciento y Santander y la Caixa
el 2,5 por ciento. También la deuda del gobierno español a 10 años subió un 1,6
por ciento
Se avecinan horas muy tensas en España, porque la declaración
de “una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y
social”, dispara en forma automática la intervención que habilita el Artículo
155. Hicieron una votación secreta para evitar represalias, lo que deja que
pensar, porque si tenían miedo de votar, lo tendrían que haber pensado antes. Lo
que indica que quisieron votar la independencia, pero no asumir las
responsabilidades por una decisión de esa envergadura.
Si la votación fue secreta “para evitar cárcel y tortura”
como dicen, nada indica que puedan por eso evitarla, porque se produjo con la
ausencia de los legisladores del Partido Socialista Catalán (PSC), del Partido
Popular (PP) a cargo del gobierno central de España y de Ciudadanos. Votaron 82
diputados, no lo hicieron 52 y de los que votaron, 70 lo hicieron a favor, 10 en
contra y dos se abstuvieron. De los opositores que fueron a votar en contra, 7
mostraron la papeleta que dice No.
Los secesionistas acusados de rebelión podrán ahora ser
puestos en prisión por 30 años. Es llamativo que en el acto solemne de independizarse,
tiren la piedra y escondan la mano, temerosos del sistema del que se están
desmarcando. Esta suerte de heroísmo del secretismo expresa que ni los propios
separatistas se creen el acta fundacional de la república.
"Lo ocurrido en Cataluña es un acto delictivo",
sostuvo Mariano Rajoy: "España es un país serio y no estamos dispuestos a
que unas personas vengan a liquidar nuestras normas de convivencia.
Tranquilidad. El gobierno reaccionará a la altura de las circunstancias".
Según el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk “nada
cambia porque España es la que integra la Unión Europea y no Cataluña”. Según
él “es prematuro”, por ahora, saber si la crisis afectará la eurozona. Sin
embargo el BBVA advierte que la situación dada le restara fuerza al crecimiento
español durante 2018, que se estima que pasara de 2,8 a 2,5, equivaliendo a 3
mil millones de euros menos.
El escenario que dejó abierto el independentismo resulta ser el más
favorable a Rajoy, porque unos comicios convocado por las actuales autoridades
catalanas iba a sustituirlo a Puigdemont, pero terminaría poniendo en el poder
a otro más duro, como el vicepresidente Oriol Junqueras, de Ezquerra Republicana.
La ingenuidad secesionista perdió de vista que en los próximos comicios, los
principales dirigentes independentistas tendrán que enfrentar el código penal
de la estructura judicial existente. Si no querían elecciones para disimular
que no son la mayoría, ahora no sólo abortaran la independencia, sino que
decapitaran a toda una dirección que decidió suicidarse políticamente.
Mientras escribo estas líneas –viernes 27 de octubre‑, El
Consejo de Ministros español decidió la destitución de Carles Puigdemont y de
todo el Govern de la Generalitat de Cataluña, así como la del director general
de la policía, Pere Soler; la del secretario general del departamento de
Interior, César Puig; y la de los delegados del Govern en Madrid y Bruselas.
Además, Mariano Rajoy, ha convocado elecciones autonómicas para el próximo 21
de diciembre y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la declaración de
independencia.
Las medidas aprobadas, por el Consejo de Ministros en aplicación
del artículo 155 de la Constitución son:
1.
Cesa
a todo el 'Govern':
2.
El 'president', Carles Puigdemont
3.
El
vicepresidente, Oriol Junqueras
4.
El
conseller de Presidencia y portavoz del 'Govern', Jordi Turull
5.
El
de Asuntos Exteriores, Raül Romeva
6.
El
de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull
7.
La
de Enseñanza, Clara Ponsatí
8.
La
responsable de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell
Borràs
9.
El
conseller de Salud, Antoni Comín
10.
La
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa
11.
El
de Interior, Joaquim Forn
12.
El
de Cultura, Lluís Puig
13.
El
de Justicia, Carles Mundó
14. La
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.
15.
Cesa
al director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, así como del secretario
general de la Consejería de Interior.
16.
Los
ministerios se hacen cargo de las consejerías
17. Disuelve el Parlamento catalán y convoca elecciones el 21
de diciembre.
18.
Extinción
del Diplocat y las llamadas 'embajadas' de Cataluña en el exterior: Francia;
Reino Unido e Irlanda; Alemania, Estados Unidos, Canadá y Méjico; Austria;
Italia; Portugal; Croacia; Polonia; Dinamarca y las de los organismos
internacionales en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena.
19.
Cese
de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid
Ahora, con el diario del día después están quienes dicen que
el Artículo 155 debió de haberse aplicado antes y evitar toda esta penosa situación.
Si algo de razón puede que tengan, porque los secesionistas dieron un golpe de
estado con coche oficial, hubieran defendido antes la aplicación del artículo.
Pierden de vista que la Unión Europea le pedía cautela a Rajoy y que el PSOE
pidió que si se llamaba a elecciones se suspendiera la aplicación del artículo
y cuando era evidente que se venía la declaración de independencia los
socialistas pidieron su implementación gradual.
La fiesta que se desató en Barcelona en la mañana, tiene
fecha de vencimiento.
