El
Uruguay es un país que ofrece todas las ventajas para recibir inversiones.
Clima, nivel de educación general, estabilidad macroeconómica, respeto a las
normas, pero –y aquí el pero es decisivo-, tiene un nivel de conflictividad
sindical que espanta hasta al más entusiasta en invertir.
Ningún
inversor está para comprarse un señor problema con gente que parece pacífica,
moderada y accesible, pero que en determinado momento es capaz de la más atroz
ocupación de fábrica.
Ya
de por sí es conflictivo sobrevivir a la inflación de costos que caracteriza
nuestra economía, ya de por sí es complejo vender en una región que nos es
adversa –la mercadería uruguaya para que pueda ser vendida en Argentina, una
vez que entra, hay que cambiarle la etiqueta y ponerle “Made in Argentina”,
porque a ellos les agravia moralmente que un país tan chico genere valor
agregado-, ya de por sí la carga impositiva,
desde las tarifas públicas a los impuestos, son excesivos, ya de por sí el dólar
planchado encarece los costos y si a eso se le agrega la conflictividad social
en salarios que si bien desde aquí son bajos, en dólares son altísimos, el poco
atractivo que podía tener, lo pierde, empezando por el hecho simple que tres
millones de habitantes no sostienen un mercado interno consistente y que lo que
se recoge como inversión está orientado a la exportación.
El
Instituto para la Economía y la Paz (IEP), puede calificarlo al Uruguay como el
país más seguro para invertir, pero esa calificación choca con la percepción
que todos tenemos de las dificultades que tiene producir en el Uruguay.
Los
sindicalistas están educados y formados en una lógica primitiva, del tipo: “yo
tiro de este lado de la cuerda, él tira del otro lado, me da, le doy” y con esa
mentalidad le ponen el palo en la rueda a cualquier emprendimiento importante.
Tienen la creencia anarquista de que una huelga general de carácter insurreccional
puede hacer que el sistema caiga. El sistema no cae por eso, sino cuando se
corta la cadena financiera de pagos, como lo demostró la crisis argentina de
fines de 2001.
El
criterio que usan los dirigentes sindicales tiene también un encare primitivo, porque
parte de la base que para negociar, se precisa representación ante los otros y
entonces los moviliza por cualquier cosa, en el entendido que eso “hace fuerza
a la hora de negociar”. En ese proceso pone de rehén a los demás: al usuario,
al alumno, al consumidor, al público.
Hoy
estamos asistiendo al nacimiento de hechos nuevos, impensables en otro tiempo.
Primero
vimos desbordes protagonizados por una pequeña fracción de gremialistas en el
Ministerio de Economía; y ahora asistimos a un uso abusivo del paro como medida
de lucha.
Según
la misma presidenta de ADEMU-Montevideo, Raquel Bruschera: “Es la primera vez
que se ocupan escuelas en la historia del país”, recordando que la medida tiene
por objeto “profundizar la lucha por
los salarios”. Así la filial de
Fenapes en Playa Pacual, como considera insuficiente la oferta del Poder
Ejecutivo propone extender la huelga a todo el país y ocupar 50 liceos por día.
Olvida que la justeza de un reclamo, no justifica cualquier metodología. Tener
razón es una cosa, saber organizarla es otro tema. Ya llevan ocupados 50 liceos
y según Raquel Bruschera las medidas “serán más duras, ya que si era para
nosotros insuficiente el 6%, el 3 es aún peor”. Hay que tener aquí en cuenta de
qué cosa se está hablando, porque cada punto porcentual representa 15 millones
de dólares, lo que al ser un 3% significa 45 millones y de sueldos de 670 dólares como mínimo. El
que analiza la realidad uruguaya en frío y la compara, saca una sola
conclusión: El Uruguay no es atractivo por la carga de los costos no transables
y la presión social permanente en los transables. Todos sabemos que la huelga
es la última medida a considerar, nunca la primera, pero en el Uruguay, si se
hiciera un test de asociación de ideas y se pusieran varias palabras preguntándole
a cada persona, con que asocia ese término, ante la palabra “aumento salarial”,
casi todos dirían “huelga”. Es matemático, por reflejo pavloviano cada vez que
se habla de aumento salarial, circula la palabra huelga entre los participantes
de un sindicato. Esa es la causa por la cual cada vez que hay reuniones
sindicales, la mayoría de la gente se pone nerviosa, porque es de cajón, van a
la huelga y más nada. No saben hacer otra cosa, no saben gestionar por mejores
condiciones de trabajo entre las cuales el salario es una de las tantas
variables a compaginar.
Según
el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Héctor
Florit “es un error que desacredita a Ademu”. Lo único que a él le preocupa es
que se lo haya desafiliado, pero el error más grande –por no decir horror- es
esa escalada de ocupaciones de liceo en la que están inmersos.
Como
si esto fuera poca cosa, funcionarios del CODICEN, al mejor estilo de un soviet,
se declaran en Asamblea Permanente y paran ocupando algunas dependencias del Consejo como forma
seguidista de apoyar lo que hacen los otros y, faltaba más, “por condiciones de estudio y de
trabajo dignas”. Ahí, en lo de "digno" está el partido comunista, que sabe perfectamente que desde el punto de vista marxista no existe "trabajo digno", existe trabajo alienado y salario de sobrevivencia y punto.
Estamos
en las puertas de una situación caótica generada, como lo he venido analizando
en otros post, por la pérdida del principio de autoridad.
