En ese reino de la ambigüedad, en donde no se sabe si una
cosa es o no es, para poder tomar una
medida concreta Mariano Rajoy le pidió al Ejecutivo de Cataluña que aclare de
aquí a 5 días, si ha declarado o no la
independencia, de modo que en caso de que así sea, aplicar el artículo 155 de
la Constitución española.
Nadie sabe si la marcha atrás del gobierno catalán con su
imprecisa declaración de independencia, en realidad es un paso al costado para
un gran salto adelante y la imprecisión de la declaración una forma de comprar
tiempo para ganar la batalla de la opinión pública mundial. Declarar la
independencia y suspenderla es un gesto que no acaba de entenderse. Según Rajoy
es “una insostenible situación de confusión”, a lo que le pone plazo hasta el
20 de octubre. Por eso le exige una “respuesta clara e inequívoca”.
Mariano Rajoy es un hombre que camina sobre seguro y no le
gusta mover un pie, sin consultar el otro, de modo que quiere, como ha dicho “ofrecer
certezas y claridad a los españoles y a los catalanes”. Como nada de lo que se
ha hecho hasta ahora pasó por la aprobación del Parlament de Cataluña, también Pedro Sánchez del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), le pide a Carles Puigdemont que aclare “negro sobre blanco” que fue lo que en verdad aconteció
en el Parlament. La incertidumbre
social y económica que viene rodeando la escalada de tensión separatista se
agrava a medida que los acontecimientos van entrando en un limbo tan indefinido,
como desconocido.
Aquí está en juego la legalidad española que ha sido sustituida
por la legalidad catalana y Rajoy no quiere “excusas tramposas” para un doble discurso que mientras suspende
los efectos de una declaración, se posiciona buscando un acuerdo desde fuera de
la legalidad, como si Cataluña y España fueran dos naciones que acuerdan y no una
sola que busca una solución. Todos quieren el acuerdo, pero esta palabra tan
bonita –acordar‑ tiene alcances diferentes cuando se procesa dentro de la
legalidad a cuando opera con quienes se han puesto en la vereda de enfrente de
la Constitución. Si Cataluña no reconoce otra Constitución, Parlamento,
Tribunales e instituciones que no sean los suyos, acordar en esas condiciones
es salirse de la legalidad existente.
Evidentemente hoy se vive la hora de las definiciones. Lo que
ahora está en cuestión es la Constitución española que devino de la transición
que permitió salir de la dictadura de más de cuatro décadas de Francisco Franco
y consagró el sistema de las autonomías.
Aquí hay un hecho que no se suele tener en cuenta cuando se
justiprecia el separatismo y se buscan mediadores internacionales al conflicto
como lo pretende Cataluña. Hoy España no puede emitir moneda, ni firmar
tratados internacionales, ni imponer controles fronterizos. Alemania y Francia
tampoco. Esas competencias fueron voluntariamente transferidas a la Unidad
Europea. Para tener este nivel de independencia que hoy tienen los Estados de
la Unidad Europea dejaron de serlo en gran parte.
Ante esta situación: ¿Qué sentido tiene aceptar más Estados
si no van a poder emitir moneda, ni controlar sus fronteras y sus relaciones
exteriores? Si los países europeos ya no tienen soberanía es absurdo pretender
una entidad nueva soberana. ¡Por qué Cataluña quiere ser independiente, cuando
hasta la mismísima España tampoco lo es! Esa es la causa por la cual la Unidad
Europea les respondió a los separatistas con un pito catalán. Al
independentismo le sobra entusiasmo, pero le falta caracterización concreta del
mundo en que viven hoy en Europa los hombres del siglo XXI.
Todo esto se traduce en el temor de los ahorristas y de los
empresarios que abandonan la región, en la alta volatilidad que marca en estos
días las decisiones de los inversores, ante la falta de una solución clara. En
la sospecha por un posible corralito de parte de los independentistas para
evitar la fuga de depósitos, el salirse de la Eurozona y perder el Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD). Alejarse del paraguas protector del Banco Central
Europeo (BCE) es perder la supervisión del sector financiero comunitario y sencillamente
quedarse sin liquidez. Una gestión irresponsable, que no mide las consecuencias
de sus decisiones, no garantiza tampoco ninguna seguridad jurídica a los
capitales. El goteo de capitales va a seguir continuando mientras nada quede
claro y el daño que se le está haciendo a la economía catalana ya va resultando
ser irreparable. Y todo esto en el marco de una probabilidad casi nula de
independencia para Cataluña.
Como lo he venido sosteniendo en anteriores post, si la
dinámica de la fragmentación continúa, el efecto contagio se ha de extender por
toda Europa.
Esperemos que la crisis catalana no anticipe un posible conflicto
que anuncie el colapso del modelo de integración que se ha venido llevando
hasta ahora.
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