El manejo de los tiempos políticos suele ser crucial a la
hora de fijar una estrategia a largo plazo para vencer. Hasta ahora los
independentistas catalanes habían manejado los tiempos políticos con suma
habilidad. Se podría incluso sostener que el calendario en política lo es todo,
porque la cronología es quien termina fijando la agenda para todos los bandos
contendientes.
El tiempo de la primera y ardua batalla librada por el
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 aprobado por las Cortes Generales y
posteriormente refrendado el 18 de junio de 2006, fue exitoso para el
autonomismo. En este Estatuto el poder Legislativo lo encarna el parlamento de
Cataluña, el Ejecutivo el Gobierno de Cataluña y el Judicial lo sigue
encarnando en exclusiva el Consejo General del Poder Judicial, ya que la
Administración de Justicia es una competencia exclusiva del Estado.
Ese proceso fue letal para el Partido Popular (PP). Cuando
Rajoy llega al poder los independentistas llegaban a un 30 por ciento, ahora están
en el 39 por ciento.
Lograron manejar las cosas con habilidad gracias a la
paciencia casi infinita y al pacifismo a ultranza con que se movieron. El
movimiento llegó a hacerse hegemónico en sectores decisivos de la sociedad
catalana.
De un tiempo a esta parte vinieron las prisas, los apuros,
las descalificaciones, los insultos. Hasta a Joan Manuel Serrat lo acusaron de
“fascista”, por no estar de acuerdo con la independencia unilateral. Creyeron
ver en la cerrazón de Rajoy una oportunidad de oro. Ahora o nunca. Después no
hay después pensaron. Como en octubre de 1934, cuando la separación de España duró 10 horas.
Ocasiones como el asalto al Palacio de Invierno, al Moncada o
a la Bastilla se dan raras veces y no son momentos propicios para ganar adeptos
en un proceso gradual de “acumulación de fuerzas” al estilo Gramsci. El
independentismo catalán precisaba seguir por el camino pacífico y no violento
de ganar adeptos sin precipitarse. Ahora hay cansancio moral hasta en los
mismos independentistas.
Luego vinieron las torpezas mayúsculas y los errores
gravísimos del Partido Popular reprimiendo a la gente que quiere votar y no a
los dirigentes que irresponsablemente generaron esa situación y esto volcó el
fiel de la balanza más por rechazo a la violencia que por independentismo.
La fuga de empresas y la recesión en ciernes impide seguir
cosechando adhesiones y conservar las adquiridas. Junto a esto empezó a darse una
fractura social, precisamente la que el independentismo había tratado por todos
los medios de evitar. Lograron el efecto inverso y enardecieron el bando
españolista. Así unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, participaron en
la manifestación en la plaza Francesc Macià contra la independencia y bajo las
consignas "'Prou Puigdemont! Prou Junqueras!'".
Los manifestantes, portaban banderas españolas, salieron a la
calle pese a la lluvia, y corearon consignas como "Viva España" y
"Puigdemont a prisión". La acción se había convocado a través de las
redes sociales.
A este extremo de polarización se llega por la ceguera
lograda por los éxitos alcanzados, cuando la borrachera ideológica les impide
ver claramente en dónde en verdad están parados.
Los líderes independentistas, a medida que se fueron quedando
sin piso social, decidieron mirar para otro lado, hacerse los distraídos, auto
engañarse con un supuesto apoyo de la Unidad Europea que era evidente que no lo
tenían.
Perdieron de vista que los límites de toda negociación, son
los derechos de los demás. El derecho de los catalanes no puede estar por
encima de los derechos de todos los españoles. No hay derechos históricos, hay
contratos sociales. Los derechos de los colectivos no están por encima de los
derechos del ciudadano. La crisis viene de un acto de desconexión política y
emocional de cierto tipo de catalanes.
Hoy España es un hervidero de reacciones, con una irritación generalizada
entre españolistas e independistas. La fractura social comienza siendo un hecho
político. Hay una conflictividad de lealtades como ocurre con los hijos de los
divorciados. La gente tiene dos discursos y no se escuchan los unos a los
otros.
Así, mientras Puigdemont
le dice por carta a Rajoy que “si el Gobierno del Estado persiste en impedir el
diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si
lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no
votó el dia 10 de octubre.”, el Gobierno le responde que al no contestar al
requerimiento formulado “continuará con los trámites previstos en el artículo
155 de la Constitución con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña.”.
Al llegar al punto crítico no les queda otra que huir hacia
adelante sin posibilidad de maniobrar tácticamente en los tiempos políticos que
restan y no hay quien los pare, cuando están a un paso del precipicio. La
crisis ahora entra en una nueva fase en medio de una tensión creciente.
Madrid ahora tiene enormes potestades para intervenir. El
artículo 155 permite adoptar “las medidas necesarias”, dos palabras claves sin
especificación, que por su ambigüedad le otorgan poderes casi omnímodos. Para
que exista un control democrático estas facultades fueron puestas bajo la
autoridad final del Senado.
De ahora en más un consejo de ministros extraordinario
acordará el sábado las medidas concretas que se tomarán en Cataluña para
enviarlas luego al Senado, donde se votarán previsiblemente a finales de la
semana que viene. La gestión, según ha trascendido, duraría entre 3 y 6 meses
para culminar en una disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones
autonómicas.
Las cartas están echadas para el tiempo político que se les
viene.
