Esta guerra de ultimátum que se está viviendo en Cataluña,
encontró, por fin, un punto de inflexión que podría cambiar el proceso que
conduce a la aplicación del artículo 155. El gobierno de Mariano Rajoy ofreció
frenar la intervención en la autonomía si, a cambio, el gobierno
independentista convoca a elecciones anticipadas en un marco de legalidad y
transparencia.
Sin embargo esto, que es el camino del medio, parece no haber
cambiado en nada los ánimos independentistas.
Carles Puigdemont no cambia un milímetro su postura poco
clara porque al parecer, la única propuesta de diálogo que le interesa es la de
él, no la de Rajoy. Paralizado entre quienes le exigen hechos consumados y
proclamar ya la república, y quienes por otra parte le recomiendan prudencia y
un gesto para destensar la situación y evitar la intervención del autogobierno,
se mantiene en un corredor de destino incierto expresado en la carta al
presidente Mariano Rajoy del lunes: declaración unilateral (DUI) en suspenso,
no aclaración del alcance de la misma, y apelación a un diálogo imposible.
"Le pido por favor al señor Puigdemont que actúe con
sensatez, con equilibrio y que ponga por delante los intereses de los
ciudadanos", dijo hoy el presidente Rajoy en una intervención en el
Congreso de los Diputados. “Enmudecen a la oposición y han intentado liquidar
la Constitución y su Estatuto de Autonomía. Sr. Puigdemont, rectifique.”, le
dice al President catalán desde twiter Rajoy.
Este giro que muestra flexibilidad por parte del gobierno
central, le sirve al independentismo moderado, porque si bien no es un
referéndum, si gana el partido independentista, de hecho quedan a todos sus
efectos avalados en las gestiones que han venido llevando a cabo.
"La única salida viable es que haya elecciones en
Cataluña", sostiene, desde hace ya semanas, el PSOE. La Moncloa comparte
el criterio y le bastaría un anuncio para poner freno a todo.
Increíblemente, aunque suponga un salto al vacío y la
economía esté paralizada con cada vez más empresas retirándose, Puigdemont, un
periodista venido a político, es capaz de cualquier cosa por figurar en los
titulares y no contempla ese escenario prefiriendo quedar en la historia como
aquel que declaró la independencia de Cataluña. Si no es primera plana de un
titular, siente que entonces le falta liderazgo.
Lo que a los operadores económicos les asusta es la
independencia no acordada, porque al quitar el domicilio social de la eurozona
lo que hacen es evitar la caída del valor patrimonial de las empresas. Los
bancos se van por el bien de los depositantes. Ya la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIRef), alerta de que la incertidumbre asociada a la
crisis institucional va a reducir el 1,5 por ciento el crecimiento económico de
España en 2018, lo que supondría una pérdida de riqueza de algo más de 13 mil
millones de euros, unos 15 mil trescientos millones de dólares. El solo irse de
la Constitución y la ley genera un clima de inseguridad jurídica que inhibe el
poder desarrollar proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo. Nadie
sabe bajo que reglas de juego se expone de ahora en más. Ya el turismo cayó un
50 por ciento y según los datos de los registros de la Propiedad y Mercantil,
150 empresas abandonan Cataluña cada día. Evidentemente, se está echando por la
borda la labor de mucha gente durante varias generaciones.
Las calificadoras de riesgo también están opinando al
respecto. Fitch advierte de los «riesgos políticos» y Moody's hace referencia a
la amenaza que supone el secesionismo para el crecimiento económico. Asimismo la
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, alertó hace unos días que
si se mantiene la incertidumbre Cataluña "podría entrar en recesión en los
próximos meses".
De hecho, son muchos los independentistas catalanes que
quieren elecciones y ya en ellos se están evidenciando claros signos de fatiga
para una causa que es como navegar en un mar sin espigones ni orillas. Hasta el
propio vicepresidente, Oriol Junqueras, sostuvo que, de haber elecciones
"los independentistas arrasaríamos". La líder de Ciudadanos, Inés
Arrimadas, ha pedido al presidente y al vicepresidente del Govern, Carles
Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, que «si les queda algo de
sentido común, aprovechen las pocas horas que tienen» antes de que se aplique
el artículo 155.
Nadie comprende, a esta altura, cuando los plazos políticos
se acortan, por qué no cuaja la nueva oferta de La Moncloa.
De hecho ya está en marcha lo que se podría llamar un pre
artículo 155 como lo demuestra el hecho de que el Ministerio de Hacienda abrirá
una cuenta en el Banco de España para depositar los remanentes de las entregas
a cuenta del sistema de financiación autonómica que correspondan a Cataluña
tras el control de gastos a esta comunidad. Esta cuenta que creará el Banco de
España con los dineros de la financiación autonómica, ya es un primer paso en
el recorte de la autonomía, y eso mientras se discuten los pasos de la
concreción técnica de un artículo que nunca fue aplicado. Se abre el debate
entre una intervención contundente y prolongada en el tiempo o lo que se ha
venido en denominar «quirúrgica», centrada en la restauración de la legalidad y
la convocatoria electoral.
Como dice en Bruselas el canciller de Asuntos Exteriores de
la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, «Siempre nos amenazan con invocar el
artículo 155 de la Constitución. Ya están aplicando ilegalmente este artículo.
Amenazan con hacer algo que ya están haciendo por la puerta de atrás», advierte,
señalando que España «ya ha intervenido las finanzas catalanas» y que
«intentaron cambiar al jefe de los Mossos d'Esquadra». Lo que no dice es que la
primer ilegalidad es declararse independiente motu propio. Muy suelto de cuerpo
Romeva desde Bruselas dice: “"No daremos marcha atrás ante el 155, ni las
elecciones están en la agenda".
Si bien por ahora todo son incógnitas, la decisión política
de hecho ya está adoptada y apunta a sustituir a todo el ejecutivo autonómico y
que un ministro del gobierno central asuma la gestión y prepare las elecciones.
Para el PSOE lo mejor es que sea el propio gobierno el que se haga cargo y no
que se introduzcan elementos tecnocráticos o partidos políticos que puedan
hacer aparecer un período de interinato, como algo interminable.
El otro punto difícil es la disolución del Parlament, porque
es un órgano representativo que fue electo por la ciudadanía, pero en el marco
de la aplicación del artículo 155 no tendría sentido ni para la función de
legislar, ni para la de controlar políticamente al gobierno. La disolución se
daría dentro de un paquete de medidas adoptadas al amparo del artículo 155.
Ante esta situación dada, el líder del Partido Socialista de
Cataluña (PSC), Miquel Iceta, ha lanzado «un último ruego» a Puigdemont a menos
de 24 horas de que expire el plazo. En declaraciones a Catalunya Ràdio le ha
dicho: «President, no provoque la activación del 155, está en sus manos, no
sería visto como una derrota, sino como un gesto inteligente político, incluso
algunos dirían de astucia" (…), por responsabilidad política, por
patriotismo y como presidente de más de 7 millones de catalanes, le pido que no
permita el 155». Como dice Íñigo Méndez
de Vigo: “Volver a la legalidad no es dar marcha atrás es lo correcto”.
Quedan menos de 24 horas para que, mañana a las 10 –5 de la
mañana de Uruguay‑, si no hay respuesta clara de Barcelona, Madrid disponga
medidas de intervención sobre la autonomía catalana.
Todos saben cómo empezó este conflicto, lo que nadie puede
saber es cómo va a terminar.
