Yo
me formé en la época en donde discutir de política era como
jugar a las cartas. Cada cual con las suyas, su discurso preestablecido, su
modo elocutivo de decir las cosas, le tira al otro aquello que le conviene y éste
le responde con la carta que tiene.
Cuando
a uno de los dos no le convenía lo que el otro le decía, sacaba la cara y
miraba para el costado, para lanzarle con otra carta diferente y así sucesivamente.
Las
amarguras y las rabietas que esa manera de discutir conlleva, viene por no haber
pensado bien, la carta que se tira.
Cuando
algo salta a la vista que está muy, pero muy mal, lo mejor fue siempre, si no
se tiene una carta correcta para largar, callarse la boca.
Hasta
los comunistas cuando uno los apuraba un poco, contestaban: “Mi corazón no
abraza causas impuras”, como si existieran infinitas formas de comunismo
posible.
Ahora
nos encontramos ante un hecho de carácter judicial, como lo es el procesamiento
del director de ASSE, Alfredo Silva, y otras nueve personas por maniobras de
corrupción en ese organismo.
El
juez especializado en crimen organizado Néstor Valetti resulta que procesa sin
prisión al director de ASSE, Alfredo Silva,
por su participación en una trama que evidenció la sobrefacturación de horas de
limpieza en el hospital Maciel, presiones para la firma de contratos y pago de
coimas.
No
es la primera denuncia de corrupción sindical. El Plan de Viviendas Sociales es
otra. Estos contratistas - sin autorización oficial y mandatos por gente de la
comisión sindical-, se habrían apropiado de una cifra importante, por contratos
de construcción de viviendas sindicales.
Estamos
hablando de 16.500 viviendas en todo el país, que se financia con el aporte de
los “compañeros”. Al triplicarse el
padrón de afiliados, hubo una mejoría sustancial en la recaudación y eso trajo como consecuencia mucha platita, como le gustaba decir a Néstor Kirchner.
Todas
las denuncias apuntaban a Eduardo Burgos, por lo cual él y su compinche Ricardo
Cajigas, renuncian.
El
buen señor firmó una carta intención a favor de la empresa Vivamax para la
construcción de 3.000 viviendas, sin el visto bueno del PIT-CNT. Esta obra
tenía un costo de 3 millones de dólares y a la arquitecta se le pidió -mediante
gestores no autorizados-, un adelanto del 10% de la inversión en modo de
"donaciones". Este acuerdo se había firmado en el mes de febrero de
2013.
La
primera de las denuncias fue realizada por el gremialista de la bebida, Richard
Read, quien se preguntó por qué el gremio metalúrgico estaba a cargo del plan
de viviendas y no el de la construcción. Parece que hay una puja interna muy
grande entre sectores.
El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), les dio un préstamo de US$ 660.000
(seiscientos sesenta mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica), para la formación de cuadros sindicales y
los cuadrados Richard Read y Marcelo
Abdala se enfrentaron duramente y entonces ahora se sabe sobre las conexiones
de Burgos y los gestores con una cooperativa de crédito social, que resulta que
prestaba dinero a militantes gremiales, sin acceso a crédito bancario.
Como
se puede apreciar, estamos delante de un nivel de corrupción tan grande, que lo
de Alfredo Silva ahora, es algo más que un simple botón de muestra.
El
tema podría ser simplemente, una mera cuestión de carácter judicial, si no
fuera porque esta gente, después de una Ley Sindical que les dio impunidad para
hacer lo que quieren, opinan sobre absolutamente, todos los temas políticos,
como si fueran un partido auto nombrado.
Aún
así, el asunto podría haber quedado en la órbita de la justicia. Pero lo más
novedoso de todo esto, son las declaraciones de Tabaré Ramón Vázquez Rosas
diciendo: “Ninguna fuerza política está vacunada contra la corrupción, porque
no existe esa vacuna. En cualquier gobierno puede haber corrupción. En un
gobierno del FA podemos equivocarnos”.
¡Qué
tiene que ver la corrupción sindical, con la supuesta y pretendida no
corrupción, en un gobierno del Frente Amplio! Se ve que algo tiene que ver, si
no, no hacía esas declaraciones.
Tiene
incluso que justificarse y decir que la situación de irregularidades en los
hospitales públicos: “no empezó con mi gobierno, ya venía de
antes” y agregar que “podemos meter la pata, pero no la mano en
la lata”, cuando todos sabemos que lo que sí sabe meter es
la pata en la lata.
Cualquiera entiende que este no es un caso
aislado y un presidenciable que lleva sindicalistas en las listas de su
partido, no es un nene de pecho, que no sabe con qué bueyes ara.
Salir
a decir, después de un procesamiento judicial, que “nunca hubo ningún problema”,
pero que “ahora hay uno”, y encima aclarar que “esa no es la regla, es la
excepción”, está indicando algo, porque el más elemental sentido común dice que un presidenciable con esas
cartas encima, lo primero que hace es mirar para el costado.
Resulta
que ahora Tabaré Ramón Vázquez Rosas nos ilustra diciendo que “el
problema parte del gobierno de Luis Alberto Lacalle”.
Su
intensión es clara como el agua: "Lo que sigo defendiendo es que los
trabajadores tienen que estar representados en los organismos públicos",
no sea cosa que la patota sindical, faltando tan poco para las elecciones, se
enoje y no salgan a ensobrar listas.
Creo,
para finalizar aquí, porque me hizo mal la comida y quiero ir al baño, que este gobierno está pronto para perder,
con los únicos que me voy a enojar es con la oposición, si no sabe estar pronta para
ganar.
