Lo
vengo denunciando en diversos post que se pueden leer en este bloger y ahora se
confirma con pelos y señales, por investigaciones llevadas a cabo por la
Auditoría Interna de la Nación.
Así,
al evaluar los trabajos en el MIDES relacionados con la tarjeta “Uruguay Social”,
una auditoria confirmó que esa Secretaría de Estado carecía de una base de
datos “propia”, “con información sistematizada y consistente”. Ya sabíamos que
hacen las operaciones contables sin registrar nada, pero lo novedoso es
enterarnos que se detectó, que algo más de 29 mil personas (entre 217 mil
menores o embarazadas de 80 mil hogares de bajos ingresos beneficiados por esa
tarjeta), cobraban el subsidio sin que les correspondiera. Tampoco existe un
seguimiento que permita asegurar que las personas continúan reuniendo las
condiciones para ser beneficiarios.
Acá
es donde se ve el porqué tienen tanto miedo a perder la mayoría parlamentaria y
la razón de fondo por la cual, de ganar Tabaré Ramón Vázquez Rosas le ha de ser
imposible gobernar. Los grupos emergentes para el próximo período parlamentario
en el Frente Amplio van a ser otros completamente distintos a los actuales y
este señor que hoy nos acusa de “gilada”
y se burla de un candidato nacionalista, va a precisar de los partidos
fundacionales, no bien la nueva olla de grillos del Frente, empiece a medrar a
los pellizcos, las patadas internas y los codazos haciendo presión más allá de
las candilejas. Nadie está para decorar la fiesta orgiástica frentista, en el
preciso instante que la economía deja de recibir viento de cola y hasta los más
importantes economistas cuentan la
calderilla para ver cómo le sacan punta al lápiz en el álgebra del déficit
fiscal que nos dejan. Y mientras todo eso ocurre, el Primer Mandatario se nos
ríe en la cara hablando para desclasados sociales. Vázquez –me lo estoy
imaginando- va a querer echarle la culpa de todo a los partidos fundacionales
en actitudes del tipo: “Pero si hago lo que ellos me reclamaban”, hablando
siempre para gente con un balde en la
cabeza y que no entiende nada de política.
Con
respecto a la educación, el informe dice que la gestión de la estructura
edilicia que hace la ANEP, presenta “debilidades en la supervisión” de la
elaboración de los proyectos y “falta de coordinación” que generan “demoras” y
la “reasignación de recursos”. También indica “obras realizadas sin evidencia
que identifique la necesidad, careciendo de un informe técnico que identifique
el objeto a licitar y lo cuantifique”, así como “pagos de cargas sociales
superiores a los adjudicados”. Todo esto se da en el marco de una Dirección
Sectorial de Infraestructura del Consejo Directivo Central que no cuenta “con
un registro confiable e integro de los locales, ni del estado edilicio de los
mismos que brinde insumos adecuados para la planificación”. Junto a esto, se
constataron obras a cargo, por ejemplo, de cosas tales como comisiones de
padres y ANCAP, de las cuales resulta que el organismo no tenía conocimiento.
Esto
explica la razón por la cual Vázquez se sintió molesto cuando Larrañaga fue a
Finlandia a ver ejemplos exitosos y modelos mejores de educación, por la
sencilla razón de que no tiene interés en absolutamente ningún tema ligado a la
educación, que no sea mantener el status
quo de gente que robó y se enriqueció más allá de cualquier límite y que
ahora necesita mayoría parlamentaria, porque condujeron las cosas a un estado
de no retorno.
Con
respecto a los peajes en el empalme de las rutas 54 y 56 en Colonia, la
señalización en una obra a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad contaba
con carteles “escasos”, “poco visibles”, y en notorio deterioro con lo que se
incumplió con la normativa y derivó en “una alta probabilidad” de accidentes.
Aspecto éste que es típico en gente que no tiene la más mínima noción de
derecho administrativo. Pero más grave todavía es el hecho que consigna Auditoría
Interna de la Nación en lo concerniente a las debilidades que se registraron en
torno a los controles ligados a la calidad de la obra que demandó la friolera
de U$S 2.928.000 (dólares dos millones, novecientos veintiocho mil),
surgidos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR y otros U$S
1.443.000 (dólares un millón, cuatrocientos cuarenta y tres mil), sacados del
Estado uruguayo.
Aquí
se ve con nitidez la razón por la cual piden muy sueltos de cuerpo cuando ven
resquebrajarse el MERCOSUR -hasta el más desavisado se da cuenta que no sirve
para nada-; “Más y mejor MERCOSUR”,
porque es evidente que compraron su aquiescencia mientras Uruguay pierde
ingresos y fuentes de trabajo por el bloqueo que Argentina le hace.
Con
respecto al cobro de los peajes, la Auditoría Interna de la Nación consigna que
la Corporación Vial del Uruguay “presenta carencias en su integración” y
también, “la ausencia de un marco contractual” que contemple las condiciones
para los peajes operados directamente por esa corporación, hecho éste que
afecta “la calidad de los controles que debe realizar el Ministerio de
Transporte”. Ligado a esto se comprobaron “debilidades en el área contable y en
la seguridad de acceso a la base de datos, lo que impide garantizar que la
información que emite el software sobre cuánto se recauda en la operativa de
los peajes sea “confiable y segura”.
Esto
explica claramente la razón por la cual no bien es electo candidato único de su
fuerza política, el seguro Presidente de
los uruguayos en la 7ª medida de gobierno diga que: “Se implantará una fuerte política de inversiones en infraestructuras
viales, ferroviarias, portuarias, energéticas y de telecomunicaciones”. Con
él como dirigente máximo y esta gente gobernando, lo de Argentina ha de
resultar un poroto al lado de lo que van a ser las cosas aquí.
Una
cosa es robar, pero mucho más grave que eso es expoliar y es esto lo que aquí se expresa con este manejo de los
dineros públicos, que vienen del bolsillo del pueblo uruguayo.
En
la Cancillería, con respecto a las Misiones Diplomáticas, según la Auditoría
Interna de la Nación “no se han definido perfiles de cargo donde se establezcan
aptitudes, formación y competencias para desempeñar la función, tanto a nivel
local como en el exterior”, lo que configura una “debilidad” que “no asegura
una adecuada selección de los recursos humanos acorde a la función” poniendo
así en riesgo “la imagen y prestigio” de la Cancillería. Este hecho se lo vio
claramente, en la época de Reynaldo Gargano, en donde fueron a destruir el
profesionalismo de nuestra Cancillería. Lo de ahora es lo mismo, pero
multiplicado por más.
Además,
si bien los jefes de las misiones reportan anualmente a la Dirección General de
Secretaría una memoria con el detalle de las actividades realizadas, esa
información no está sistematizada y se carece de indicadores para medir con
objetividad la gestión, consigna el documento de Auditoría Interna de la
Nación.
Otra
auditoria que hizo foco en la Dirección General de Asuntos Técnicos
Administrativos de Relaciones Exteriores detectó que las compras no se
planificaban, sino que se hacían de acuerdo a las necesidades de cada momento
(en 44% de las licitaciones se recurrió a adquisiciones directas del mismo bien
o servicio), lo que entre otros “riesgos” acarrea el de pagar mayor precio. En
Proveeduría no se controlaba que los bienes recibidos fueran los efectivamente
adquiridos, tanto en calidad, como en cantidad y para el 100% de los artículos
recontados se verificaron diferencias de inventario con lo real. Lo que en buen
romance quiere decir que sobre facturaban
por un lado y sub facturaban por el
otro, quedándose con la diferencia en un acto típico de cohecho entre el sector público y el privado.
La
Auditoría Interna de la Nación
también evaluó el proceso de compra de pasajes aéreos al exterior de
funcionarios en misiones oficiales. Según dicho informe, la justificación del
vuelo exigido por una circular se manifiesta con “expresiones formales y
genéricas, que no constituyen un fundamento suficiente para motivar la causa”
de origen y muchas veces se presentan a posteriori de la compra del boleto. Lo
que en buen romance quiere decir que viajan al exterior sin razones valederas
para hacerlo.
Cotizaron
pasajes las mismas seis agencias de viaje y en algo más de la mitad de los
casos analizados la que realizó la reserva fue la seleccionada para proveer el
pasaje, lo que “desestimula la participación” de otras no vinculadas al sistema
de reservas o que no son directamente involucradas. Así, “el Ministerio se
expone al riesgo de no adquirir el pasaje más conveniente en la relación
precio-ruta.”. Además, el procedimiento de compras a través de agencias no le
permite a la Cancillería beneficiarse de la acumulación de millas corporativas
que brindan las aerolíneas y con ello de comprar el pasaje más barato o mejorar
la categoría. Lo que significa en buen romance que están en combinación con las
agencias.
A
esto se suma toda una serie de desaguisados en la Salud en donde no se sabe si
cuenta o no con recursos presupuestales para financiar cargos vacantes, en la
Aduana con entregas anticipadas de vehículos no regularizados e información
insuficiente del Ministerio de Economía sobre la exoneración de impuestos de
los mismos, en el Instituto de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) con “un
uso ineficiente de los recursos humanos”, “dualidad de mandos”, “superposición
de funciones”, “tareas sin ejecutar”, falta “de planificación”, tipos de cursos
a dictar por año y la cantidad de beneficiarios a atender. Tampoco existen
allí, mediciones de resultados, lo que en buen romance quiere decir, que no se
sabe que están haciendo. En el Ministerio de Ganadería en donde no existe información
en los registros sobre los días de licencia del personal. Encontraron períodos
de hasta 5 años sin datos sobre los días de vacaciones gozados.
En
otra inspección a Ganadería, la Auditoría Interna de la Nación, encontró que en
la División Laboratorios Veterinarios del Ministerio se excedía la cantidad de
horas extraordinarias (80 mensuales), que los funcionarios están habilitados a
realizar a pedido de los usuarios y pagos por estos. Algunos hicieron más de
400 horas bajo ese régimen y en 2011 seis de ellos cobraron entre $ 1.000.000
(pesos uruguayos un millón) y $ 1.500.000 (pesos uruguayos un millón, quinientos mil). Todo esto “desvirtúa el
origen del cobro del servicio al usuario y el pago a los funcionarios, al
utilizar estas partidas como mecanismo para obtener un complemento salarial.”
En
Sanidad Animal había fallas de controles en el gasto de horas extras y en el
manejo financiero, además la conciliación bancaria tenía un atraso mayor al
año.
Como
se puede apreciar de ganar las elecciones esta gente, horas muy amargas nos
aguardan.
Estoy
de acuerdo con Pedro Bordaberry cuando sostiene que los delitos de corrupción
no deben precluir y a eso le agrego, que habría que pedir siempre, el congelamiento de las cuentas bancarias
de los imputados por tales delitos.
