domingo, 4 de agosto de 2013

Del porro legal a la reglamentación imposible.


        Con respecto al tema de la marihuana hay varias cosas que quedan en el tintero y que son preocupantes.
        La discusión está centrada en cuál es la mejor forma de combatirla. Siempre pensé que cuando se discute sobre metodología compartiendo un mismo objetivo, es cuando se dan las discusiones más violentas. Cuando se está en las antípodas no hay más nada que decir, pero cuando todos comparten la misma política: combatir el narcotráfico y el debate se centra en el modo de hacerlo mejor es cuando estamos en presencia de una discusión interminable. Es un poco lo que ha pasado en el Uruguay, aparentemente estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero no para realizarlo de similar manera.
        Cualquiera entiende que la planta (el cannabis) es la gran inocente en todo esto, ninguna planta que la madre naturaleza genera es mala de por sí, porque un rol está jugando en el sistema tierra. El tema pasa por otro lado.
        La marihuana, como droga blanda es la puerta de entrada a las drogas duras (la heroína, la cocaína). Principios quieren las cosas, dice un viejo proverbio español y cualquiera entiende que el apetito viene comiendo. Ese es el tema, abierta la caja de Pandora, el resto viene por añadidura.
        Frente a eso liberalizar la venta de marihuana implica un riesgo que puede ser un riesgo calculado, que se asume para evitar males mayores. Independientemente de esto, nada indica que porque el Estado controle la situación, las cosas vayan a ser mejores, salvo que se piense que todo lo que hace el Estado es bueno y puro y todo lo que realiza el sector privado es lo malo, lo impuro. Cualquiera comprende que el Estado está formado por hombres tan corruptos como el que más y que el control estatal de una cosa no es garantía de mejoría alguna. Más allá de eso el Estado está expuesto al control de los diversos poderes que lo componen, por lo cual cabe pensar que el control estatal es el mal menor frente al posible descontrol privado.
        En este sentido cuando uno ve como terminó AMDET, el SOYP, o el ESPINILLAR, tiene derecho a esta altura del partido a sospechar también de un Estado, que si algo ha demostrado es el hecho cierto y constatable de que ha sido un mal gestor de los dineros públicos. Cuando el sector privado se equivoca se funde y va a la quiebra, pero cuando los funcionarios del estado son los que erran, el estropicio lo pagamos todos.
        No voy a entrar en la discusión acerca de cuál es la mejor forma de combatir el narcotráfico, para terminar en la conclusión de que la manera adecuada es tener un Estado narcotraficante. Lo preocupante aquí es la reglamentación de la distribución de marihuana.
        Porque si se vendiera como cualquier otro producto que uno va y compra, el tema quedaría ampliamente saldado. Voy a un comercio y compro marihuana como quien compra vino, whisky o cigarrillos, todos productos tóxicos si se los usa sin moderación, pero aceptables dentro de lo ponderado.
        El tema de la marihuana como lo plantea el gobierno en su reglamentación, que no queda claro para nadie, es lo realmente preocupante.
        El ejército ya dijo que no está dispuesto a entrar en eso y los farmacéuticos arguyen las razones de conciencia, de modo que se permita que aquellos que no están de acuerdo, se nieguen a venderla.
          Esto significa que el farmacéutico va a llevar dos contabilidades, la de siempre, más esta otra conectada a servidor remoto, de modo que se pueda detectar que aquel que compra en otra farmacia nuevamente, está en delito. Estamos hablando de un control que atañe al consumo de 120 mil personas, que son 120 mil registros que hay que ver que no se dupliquen en farmacias distintas pasando el tope. Además, ser mayor de edad y residente en el Uruguay no significa nada más que un buen motivo para volverse distribuidor sotto voce acreditado. Se dice que el Poder Ejecutivo fiscalizará la venta de la droga para que los menores no accedan al mercado y pregunto yo: ¿Le van a soplar en la nuca a cada mayor residente que compra?
        Pero además de esto, hay otro aspecto mucho más complejo. ¡Qué farmacia va a querer tener en stock una mercadería que la vuelve vulnerable a los asaltos y los robos!
         Se nos dice que del Fondo de Bienes Decomisados al Ircca van a surgir los recursos para reglamentar la marihuana, sin especificar qué controles van a existir para evitar el cohecho, esto es la conjunción del interés público con el privado. Muy sueltos de cuerpo afirman que de incautaciones y decomisos como bienes, autos, camionetas, aviones, que se rematan y que esos fondos van a ser suficientes para financiar una fiscalización o institucionalidad, en los próximos dos años. Deben creer que nos chupamos el dedo ¿y cuáles son los controles para saber cuánto muerden tan esbeltas criaturas velando por la población contra el narcotráfico?
        En esta rendición de cuentas que es la última en la que se pueden votar gastos no está previsto partidas en ese sentido, de modo que quien tendrá que reglamentar la ley es el próximo gobierno.
        Si ha de ser Vázquez, como nos recuerda un día sí y otro también Bottinelli y el sordo, no sea cosa que nos olvidemos, no quiero ni pensar lo contento que se va a poner “El Taba” cuando Philips Morris llegue a un acuerdo y en vez de pedir 2 mil millones de dólares, pida el congelamiento de las cuentas de Vázquez, Astori, Rossi y toda la gente implicada en esa gestión.
        El planteo que hace el gobierno es de una ingenuidad, por no decir otra cosa, que no entra en un entendimiento recto. ¿Alguien cree que el que toma pasta base va a pasar a la marihuana? No se dan cuenta que están creando la sub mafia de distribuidores sotto voce.
        Me temo que el proyecto va a quedar allí y que los únicos que están de parabienes son los que tienen un jardincito.