A
veces las cosas ocurren como inadvertidamente al unísono en política y llama la
atención lo que vienen a desnudar.
En
el mismo día en que es aprobado el proyecto de ley sobre la regulación de la
marihuana en la Comisión de Adicciones de Diputados, Philip Morris gana la
primera batalla, porque el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias sobre Inversiones (CIADI) decidió "oír" el caso
presentado por la tabacalera.
Los
abogados uruguayos alegaban que el CIADI no tiene competencias para pronunciarse.
El hecho es que al dejarse a “oír” se abre las puertas para una demanda de 2
mil millones de dólares por parte de la tabacalera.
"Philip
Morris International celebra la decisión del Tribunal del Banco Mundial de oír
la reclamación del Tratado respecto a las medidas excesivas impuestas al tabaco
por parte de Uruguay", dice la
empresa.
El
Uruguay tiene que asumir su responsabilidad respecto a sus obligaciones
internacionales, la misma que intentó evadir en las cortes locales y ante este
Tribunal. Son a los ojos de los
inversores medidas injustificables porque impiden que negocios legítimos vendan
sus productos y usen sus marcas registradas, al mismo tiempo que aumentan los
incentivos para el mercado negro de cigarrillos, el cual representa hoy un
cuarto de todos los productos de tabaco consumidos en el país.
Lo
que le sucede a Philip Morris International es lo que ningún inversor quiere
que le pase: Venir al Uruguay a comprarse un problema generado por un gobierno
irresponsable, que mientras firma con la mano un Tratado Bilateral de Inversión
con Suiza, por el otro borra con el codo los derechos de propiedad intelectual
y porque se le antoja prohíbe tres marcas registradas.
En
ningún momento el gobierno de Vázquez de la época apeló a la ley, sino que se
manejó en el plano del decreto y la ordenanza, lo que está indicando algo más que un manejo desprolijo, como veremos luego.
La
empresa cuestiona la Ordenanza de Presentación Única por la cual se prohíbe vender
más de una variedad de cada marca de cigarrillo. De este modo Marlboro Red, Gold, Blue y Green no
pueden ser vendidas simultáneamente. Sólo una de dichas variedades puede estar
en el mercado. Esto obligó a PMI a retirar 7 de las 12 variedades de
cigarrillos a la venta en el mercado.
También
se opone al Requisito de Advertencia Sanitaria al 80%, por la cual Uruguay
aumentó el tamaño de las advertencias del 50% al 80%, tanto en la parte frontal
como posterior de la cajetilla.
La
argumentación de Philip Morris a mi entender es correcta pero mal encarada y la
de Uruguay sobre su derecho soberano a la salud es también correcta pero muy
mal llevada y por ende si seguimos los principios del derecho sajón, de
concentrarse en lo sustancial y no en los detalles formales, hay que afirmar
otras cosas en este tema.
Aquí
lo primero que hay que decir, independientemente de los Tratados Bilaterales de
Inversión es que la contra propaganda es delito. Yo no puedo sacar un afiche
diciendo: “No compre productos de tal firma porque son malos por esto, aquello
o lo otro”. Philip Morris debió allí, cuando se le imponía esa barbaridad al
50% de la cajilla, iniciar el pleito. No se puede aceptar que otros hagan
contra propaganda y mucho menos que se le imponga a la empresa realizarla por sí
misma, al vender sus productos.
Acá
está el primer tema sustancial: La contra propaganda es delito.
En
segundo lugar plantear las cosas como una lucha entre el derecho soberano de
Uruguay a defender la salud de su población y los derechos de propiedad
intelectual de tres marcas, es vicioso. La población en el Uruguay está integrada
por ciudadanos, no por súbditos como cree la gente del Frente. El ciudadano no precisa que el Estado
uruguayo lo tutele y proteja poniéndole en la cajilla imágenes desagradables de
gente al borde de la muerte.
Pero
si el Uruguay, apoyándose en el que sea, pongamos Australia, la Organización
Mundial de la Salud, la ONG Bloomberg Philantropies, el alcalde de Nueva York,
Michael Bloomberg, Tobacco Free Kids y World Lung Foundation, decide hacer
valer el derecho a la salud –que es muy distinto a
la contra propaganda- entonces lo correcto es otra cosa.
Por
ley, no por decreto, prohíbe el cultivo de tabaco y la venta de cigarrillos e
indemniza a los afectados por lucro cesante.
Lo
inadmisible es la contra propaganda, porque eso sí vulnera la actividad
comercial.
Cualquiera
entiende, y acá no es un problema de tendencias opuestas en el Frente Amplio,
sino una política, como dicen ellos muy unitaria y frenteamplista, que
si esto aflora en el preciso instante que la Comisión de Adicciones de
Diputados aprueba el proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana, hay
que sacar conclusiones de otra índole. Porque estamos recibiendo dos señales
muy claras, la que a nivel internacional le hace ver el CIADI a Uruguay y la
que en ese mismo momento se da avanzando a la regulación de la marihuana.
Hasta
el más desavisado puede pensar que los uruguayos somos esquizofrénicos, tabaco
no, maruja sí. Precisamos que un gobierno nos ponga avisos en las cajillas de
cigarro y como está desbordado porque somos todos faloperos legaliza la venta
de marihuana.
Parece
cosa de locos, pero no lo es y tiene una lógica muy concreta.
Aquí
lo que sucedió fue esto: En la campaña electoral del 99’ un proyecto de ley que
no tuvo andamiento en ese momento amenazaba a las tabacaleras con tomar medidas
restrictivas de diversa índole. El Frente Amplio fue a coimearlos y las
tabacaleras, como se dice vulgarmente “los sacaron vendiendo boletines”. El
proyecto si bien no fue aprobado, quedó como un borrador para futuras
revisiones. Cuando el Frente llega al gobierno en el 2005, lo primero que hace
es vengarse de las tabacaleras. Lo mismo que quieren hacerle a la industria
vitivinícola.
En
ningún momento estuvo en la cabeza de Vázquez cuidar la salud de nadie, porque
si así fuera: prohíbe el cultivo de
tabaco, la venta de cigarrillos e
indemniza a los afectados por lucro cesante.
El
hecho de que Philip Morris haya aceptado la humillación de tener que hacer
contra propaganda, y que por la vulneración del derecho de propiedad de 3
marcas, reclame 2 mil millones de dólares está indicando un mal manejo.
Aquí
lo que se debe hacer, a mi muy humilde leal saber y entender es congelar las cuentas de Tabaré Ramón
Vázquez Rosas, Danilo Astori y las figuras del gobierno frentista de la época y
de allí cobrar el perjuicio comercial que causaron.
No
tiene por qué el Uruguay pagar el desquicio de gente irresponsable, por decir
lo menos.
