En
política hay fenómenos curiosos que exigen un estudio particularizado.
Cualquier
partido tiene ámbitos de deliberación, que si bien exigen autoridades
partidarias, por lo general se manejan en el plano de la coordinación de la
bancada parlamentaria, que es donde se suele hacer la política cotidiana.
Cuando
hay reuniones de directorio son los representantes parlamentarios la voz
cantante de cada sector. No existe divorcio entre fuerza política y bancada
parlamentaria.
Cuando
discuten se manejan en función de la agenda política existente –no importa si
la hace la prensa escrita o televisada- y cuando adoptan resoluciones de
partido, como cuerpo orgánico, lo hacen pensando en la ciudadanía en su
conjunto.
La Constitución exige una forma de organización,
pero eso no quita que cada cual se organice como quiera, siempre y cuando para
ser elegible se someta a las exigencias constitucionales.
Cuando
ese partido gana las elecciones nacionales, el Presidente trata de tomar
distancia de los sectores internos y asume que es el Presidente de todos los uruguayos, en el entendido de que no
se gobierna para un grupo político o partido, sino para toda la ciudadanía.
Así
fue el Uruguay hasta el 1º de marzo de 2005. La gente podía decir mi Presidente, aunque no lo hubiera
votado.
Todos
hemos visto que esto cambio sustancialmente y que a nadie se le mueve un pelo
ante una nueva realidad, ni siquiera a los politólogos.
No
sé qué diría Guillermo O'Donnell al respecto, pero es evidente que lo que
ocurre en el Uruguay desde el 1º de marzo de 2005, es como para una tesis
original de doctorado.
El
tema en sí no tendría importancia si fuera una simple cuestión de cosmética política que no hace a nada
importante, más allá de un manejo interno partidista.
Pero
cuando pasa el tiempo y uno constata que es algo que afecta al funcionamiento
general de la sociedad en su conjunto y que crea incluso niveles de fricción y
formas de oposición enfermizas en donde el
internismo pasa a convertirse en disputas
intestinas, es dable entrar a analizar y ver un poco que es lo que sucede.
El
Frente Amplio a diferencia de los demás partidos que discuten políticamente, polemiza
exclusivamente en términos administrativos internos y cuando se dirige a la
ciudadanía en su conjunto se comporta como si los tres millones doscientos mil
uruguayos fueran frentistas de diversas tendencias.
Es
obvio que nadie que no lo haya votado puede decir, este es mi Presidente. En el Uruguay de hoy, decir yo no lo voté ya es una
identidad de la oposición, porque el Frente Amplio no conoce el ciudadano,
conoce el rebelde y el súbdito y más nada.
Lo
que llama la atención del frenteamplismo es que discute con la ultra izquierda y no polemiza con más nadie.
No
vive de los datos inmediatos de la realidad que genera la agenda gubernamental
y parlamentaria, vive de sí mismo, gobierne
quien sea, con la soltura de cuerpo de ser gobierno y oposición todo junto a la
vez, como si ocupar cargos en el Estado no implicara una responsabilidad ante
la ciudadanía.
Las
presiones a un poder autónomo del Estado, como la Suprema Corte de Justicia son
la expresión palmaria de una mentalidad que cuando no les gustó el fallo, saltó
enfurecida hasta que los líderes máximos tuvieron que hacerle ver que el Estado
se compone de tres poderes. Querían que los magistrados fueran a rendir cuentas
al parlamento. Hasta ese punto llega la ignorancia de una mentalidad como la
que estamos analizando.
Para
entender lo que significa este manejo político con consecuencias para todo el
mundo, hay que ver este hecho actual.
En
referencia a ASSE y los problemas que rodean a la reforma de la salud, la
presidenta del Frente Amplio Mónica Xavier, dijo que existieron “pérdidas de tiempo con peleas internas
dentro de los propios sectores frenteamplistas y eso fue esfuerzo que no se
dedicó a la gente”. ¡Esfuerzo que no se dedicó a la gente por peleas
internas entre los propios sectores! Y con respecto a la no devolución de los
aportes del FONASA, que son 50 millones de dólares en donde le están metiendo
la mano en el bolsillo a la gente, muy suelta de cuerpo dice que el Poder
Ejecutivo no puede “permitir que
situaciones de diferencias internas nos desvíen la atención” a avanzar en
el proyecto. ¡Del fondo de lo que es el despojo no opina, sino de los roces
internos que le desvían la atención!
Con
respecto al tema de la enseñanza hoy
la educación está viviendo un conflicto que era previsible porque en la
elección pasada el partido comunista fue sancionado por el Tribunal de Conducta
Política del Frente Amplio, por haberse opuesto a la ley de enseñanza y como si
fuera poco llevaron una patota al Parlamento a tomarse de los puños en las
barras. Era evidente que para estas elecciones se iban a descolgar con algo
raro, así eso implique poner a todos los estudiantes de rehén de una puja
internista.
Aquí
es donde se ve bien claro el mal manejo político al que conduce el internismo cuando vive de sí mismo en
perpetua disputa intestina.
Por
un lado el gobierno está diciendo que estamos en el mejor de los mundos
posibles, que el Uruguay ha crecido enormemente, que nunca se ha vivido mejor
que con ellos. Los docentes ante eso se preguntan sobre la razón por la cual
tienen que tener un sueldo sumergido con el que no pueden vivir. Si el reclamo
fuera genuino hubiera surgido a la luz pública mucho antes, no precisamente
ahora que corren tiempos electorales ¡Recién ahora les indigna la inequidad del
sueldo más bajo del docente, ante el de cualquier legislador! Pero esa sería
otra cuestión.
A
los docentes se les podría decir varias cosas, fundamentalmente que si no existe evaluación de gestión es
imposible dar aumentos, porque nadie puede saber cuánto hay que dar en
salario y cuánto en mejoramiento de la infraestructura locativa.
Pedir
un porcentaje, no es técnico. Primero se hace un estudio de evaluación de
gestión y luego se ve qué porcentaje corresponde a cada necesidad de inversión
en educación. Si la educación es una inversión y no un gasto, entonces, lo que
hay que dar puede ser mucho más que el 6% al que a regañadientes iban a
acceder.
En
vez de hablar claro con la gente, los trata como si fueran un ala partidista,
olvidando que las cuestiones políticas dañan los reclamos sindicales y que el
sindicalismo es irrelevante en política.
Así
el diputado José Carlos Mahía (Frente Líber Seregni), que vota el 3 por ciento
les dice que "para bien del sindicato" ellos "deberían cerrar
esta etapa y no desgastarse más de lo necesario". No se entiende qué puede
importarle a un diputado el bien del sindicato en su mecánica de funcionamiento,
cuando le están recriminando hasta el mismo sueldo que gana. Es acaso, ¿el
desgaste interno de un gremio lo que va a decidir en la Rendición de Cuentas?
A
su vez, para el coordinador de la bancada del Frente Amplio en Diputados Roque
Arregui (Partido Socialista), "No hay duda que es insuficiente, se van a
seguir dando pasos en un futuro, pero es una señal muy clara de la importancia
que le damos a la enseñanza pública", perdiendo de vista que en materia de
reclamos sindicales, no son las señales lo que importa, sino las realidades
concretas.
Para
el diputado oficialista Doreen Ibarra (Fidel) el gobierno está muy acotado en
este momento y sostiene “Veremos si puede haber algún cambio”. ¡Qué cambio va a
haber si esta es la última Rendición de Cuentas en la que se puede dar aumentos
salariales!
Para
la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky,
están manejando una “fórmula alternativa” sin especificar cuál es.
Cualquiera
entiende que un sindicalista cuando oye este tipo de manifestaciones se
enfurece más de lo que ya estaba.
El
modo internista de razonar empieza siendo una esquizofrenia y termina resultando
un desprecio mayúsculo. Ni ellos juegan el rol sindical, porque son sectores
políticos que operan a ese nivel, ni el Frente Amplio políticamente sabe decir
las cosas como son.
No
se puede dar aumentos, aunque sobre dinero, si no existe una evaluación de gestión
que determine lo que hay que hacer y menos, en el marco actual, del más
descarado ausentismo docente.
