lunes, 10 de junio de 2013

La Rendición de Cuentas en la mira


        Se viene la última Rendición de Cuentas a la que se le puede introducir gastos e inversiones. Hasta el 2015 por mandato constitucional no habrá nuevas modificaciones.
          Al iniciarse la puja distributiva los grupos de presión están a la orden del día. 
        La Universidad de la República, a través de sus autoridades, solicita un 30% de partidas adicionales por encima de su presupuesto con las que aspira a incorporar, entre otros ítems, a decenas de docentes al régimen de dedicación exclusiva. En ese mismo momento que hace el reclamo, el vicepresidente Danilo Astori, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, dice que a la hora de hablar de educación lo más importante es mejorar los resultados. Lo que en buen romance significa que el valor agregado puede significar muy poco, si el producto terminado no da ni para empezar.
        Todos los que hemos accedido al estudio de la Rendición de Cuentas sabemos lo que es. Son como 5 tomos de 1.000 páginas cada uno con las partidas que se le asignan a los entes autónomos, los servicios descentralizados y los organismos del artículo 220. Se le manda a los legisladores con pocos días para que lo estudie y lo único que se lee de allí, son los informes en mayoría y en minoría que vienen de la Comisión de Presupuesto. Lo demás es imposible de estudiar, porque son largas planillas que envía cada repartición del Estado.
        Los que tenemos un poco de experiencia en las viejas contabilidades, sabemos que una columna al sumar, da una cifra y que luego los valores de todas las columnas sumadas debe coincidir con el total. Me tomé la molestia en hacer esa cuenta con una calculadora y para mi sorpresa, el importe de las columnas no coincidía, en muchísimos casos, con el resultado parcial y estos tampoco con el total.
        Todos sabemos que la estructura de la Rendición de Cuentas es idéntica a la de 1948 y que desde allí a hoy en día no ha existido un estudio de armado de contabilidad presupuestal pública. Lo que significa en buen romance que nunca nadie, desde 1948 a la fecha actualizó nada, ni siquiera un inventario de las diversas unidades del Estado.
        Es por lo tanto un hecho, que el mismo o mayor presupuesto a cada unidad no responde a la realidad interna de esa repartición, porque todos sabemos que de 1948 a la fecha muchas cosas cambiaron y se optimizó la forma de trabajar merced a las nuevas tecnologías informáticas, lo que implica que hubo un claro ahorro interno en cada oficina, que no se expresa a la hora de recibir las partidas. En buen romance: Siguen manteniendo en el papel y la planilla las mismas necesidades que hace 65 años atrás, para una forma de trabajar mucho más ágil que la de aquel entonces. Está claro que alguien en cada repartición es quien se beneficia con la diferencia.
        Armar un nuevo presupuesto más acorde con la realidad actual significa un inventario a todas las reparticiones del Estado y un balance de situación real. Cualquiera entiende que eso no se hace en los pocos días del plazo que el Poder Ejecutivo le da al Parlamento para que se pronuncie, sino en bastante tiempo.
        Si se hiciera ese estudio, con las herramientas que hoy existen se podría tener online todos los movimientos y ajustes de carácter económico que realiza el Estado y por ende criterios para asignar recursos evaluando los resultados.
        Dar dinero sin tener herramientas de evaluación de gestión, lo dice cualquier técnico al respecto, es arrojar agua al mar.
        El Estado uruguayo no es consciente, no tiene forma de serlo, del impacto económico que genera las decisiones políticas que adopta. Está en la situación de alguien que con una venda en los ojos premia y castiga sin saber lo que hace. Puede hacerle un favor a otro en el momento que quiere castigarlo o dañarlo donde quiso favorecerlo. Carece de mecanismos de evaluación de gestión para poder decir con acierto cuales son las prioridades a incentivar.

        De este modo, cuando el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, dice muy suelto de cuerpo que “No solamente hablamos de montos y cantidad de dinero destinado a políticas públicas, también se tienen que tener en cuenta si se cumplieron los objetivos y los estándares de calidad. Sin esto no se podrán fijar nuevas metas”, nos está tomando el pelo a todos, porque él sabe perfectamente que el Estado no cuenta con las herramientas conceptuales para la evaluación de una gestión.
          Frente a eso, el sistema político tradicionalmente, tomó el camino fácil: decirle a todo el mundo que no, porque se sabía que el gran déficit presupuestal no es de dinero, sino de arquitectura organizativa interna y que entrar a tocar jerarquías que ya tienen derechos adquiridos es meterse en otro problema mayor.
        El 30 de este mes es la fecha límite para enviar el proyecto y faltan 20 días. En el supuesto caso en que fuera enviado hoy mismo, nadie puede en 20 días estudiar un mamotreto de esa magnitud como es la Rendición de Cuentas. La improvisación de este gobierno es proverbial. Topolansky dijo entender el reclamo de los docentes y las movilizaciones de los trabajadores. “Algo para la Educación habrá”, adelantó ante el anuncio de una huelga docente prevista para el 23 de este mes, “lo que no sé, es para qué área de la enseñanza”. Entiende que por su rol de gobernante tiene “que mirar el panorama completo y saber dónde poner el énfasis” sin dejarse llevar por las presiones, lo que no entiende es que para eso se precisan herramientas de control de gestión y un armado de Rendición de Cuentas para hoy, no para el año 1948, que fue la única vez en donde se hizo un estudio completo al respecto.
        Significativo también es que la huelga docente se realice 7 días antes de la fecha límite para enviar el proyecto y que existan voces en el PIT-CNT que comparten el reclamo, pero no quieren que se realice contra este gobierno. Campanas de palo, mejor usarlas para los blancos y los colorados.
        Todo esto indica la desprolijidad con la que se mueven las cosas en nuestro país. Es un hecho que el sistema político no gobierna, sino los directivos de los servicios descentralizados, los organismos del artículo 220 y fundamentalmente, los jerarcas que están en los entes recaudadores.