En
un momento en donde la economía uruguaya comienza a desacelerarse pese al hecho
de seguir estando en una burbuja, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP) no se le ocurre idea más brillante que incrementar la presión impositiva.
Si
se tiene en cuenta que estamos en un país que es el Décimo Séptimo en retraso
cambiario y el más caro del mundo, cualquiera entiende que la presión fiscal se
ha de transferir al mercado. Si a eso se le agrega la situación argentina con
el dólar en caída y la peregrinación -500 mil uruguayos comprando allí y
desquitando el pasaje-, es fácil entender el despiste que tiene el subdirector
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Jerónimo Roca.
Si
no pueden aumentar la eficiencia de la recaudación, porque según dice la Dirección General Impositiva (DGI) y del
Banco de Previsión Social (BPS) tienen niveles muy bajos de evasión, es
evidente que están pensando en otro manotazo al esfuerzo y el trabajo ajeno.
Siempre con la misma retórica, “los pobres”.
El
manido “callejón fiscal” es en este momento un callejón electoral. Todos hemos
visto cómo pese a la decisión de dar el 4,5% del PIB a la educación, ésta
empeoró como nunca antes en nuestra historia. El estrés sobre el presupuesto
disponible está en ese clientelismo insostenible con que se encubren las
políticas mal llamadas sociales.
Este
gobierno no tiene ningún interés en la salud, la vivienda y la educación sino
en encubrir de retórica oleskiana la más furibunda voracidad fiscal. Quiso
ponerle la mano en el bolsillo al agro, en el marco de la revalorización de la
tierra, en donde el promedio del precio de la hectárea en 2002 era de US$ 385, y
trepó de allí en 2011 a US$ 3.196, y como la Suprema Corte de Justicia le puso
un límite, ahora están desesperados viendo a quien le sacan.
La
tierra se revalorizó –es lo que el gobierno no quiere ver- no sólo porque
mejoraron los ingresos a nivel de la producción y de las rentabilidades de la
mano de la mejora de los precios del mercado internacional de la mayoría de los
productos agropecuarios, sino porque Néstor Kirchner, con las retenciones al agro
argentino le quitó toda previsibilidad y rentabilidad a la tierra y los
productores huyeron en estampida al Uruguay comprando y alquilando tierra. Fue
tan torpe lo de Kirchner que, los productores agropecuarios de la vecina orilla
afincados aquí, comenzaron a vender aprovechando el cupo argentino. Ese es el trasfondo
de que la superficie de tierra negociada
equivalga a los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto,
Artigas, Flores y San José, con 31.000 operaciones de transacciones, en total 7
millones de hectáreas por un monto de 9 mil millones de dólares. Eso en un país
como el Uruguay en donde los productores deben pagar el 25% sobre la renta,
además de otro 10% de aporte jubilatorio, tasas para la lucha contra la aftosa,
el Instituto Nacional de Carnes y el destino de fondos para viviendas rurales. Algo
similar, pero con inversión uruguaya ocurrió en Paraguay, en donde el ganadero paga Imagro, o en
algunos casos Iracis y la carga no llega al 10% en total. Con la tierra a razón
de U$S 20 (veinte dólares) por hectárea hace 20 años atrás, pasando hoy a los
U$S 400 (cuatrocientos dólares), con un impuesto a la tierra irrisorio que
significa el 0,04 por ciento del Producto Bruto Interno, -la tierra tributa el
0,2 del valor fiscal del inmueble- hizo que hoy los uruguayos exploten el 12,5
por ciento, de las tierras guaraníes, el equivalente a 2 millones de hectáreas.
En
el caso nuestro, nunca Uruguay se vio más favorecido como cuando Néstor Kirchner
corta el puente y expulsa a los productores rurales de Argentina. Si con
Hernandarias vino la ganadería, con los Kirchner la agricultura, dicen medio en
serio, medio en broma los analistas. Lo que está indicando que el camino fiscal
correcto es exactamente el inverso al que se pretende recorrer. Lo único que
hacen es desincentivar el trabajo productivo. En el caso paraguayo porque la
tierra es muy barata y tributa poco van cada vez más inversionistas interesados
en apostar a la producción en el Chaco, en un contexto en donde el precio de la
tierra se ha venido incrementando en torno a un 20% anual en la zona de la
Región Occidental. Los insumos son más baratos y el precio final de la carne es
el mismo que el de Uruguay. Eso hace que en el Uruguay la producción de carne
por hectárea sea de 100 kilos, mientras que en el Chaco, es de 160 o 170 kilos
por hectárea.
Paraguay
crece en la ganadería por la mala política fiscal uruguaya, y Uruguay en la
agricultura por el agobio impositivo que sufren en su país los argentinos.
En
este panorama regional, que a nadie pasa desapercibido porque la mejoría de la
campaña ha sido pese a lo caro que es el Uruguay, algo notorio y visible, -gracias
al desaguisado kirchnerista y la demanda de commodities a nivel mundial-, la señal que da la Suprema Corte de Justicia
es más política que otra cosa, significa hacer valer las garantías del contrato.
Hace
50 años atrás vivíamos en una nebulosa intelectual, entre el desarrollismo como
política, los mercados diferenciales keynesianos –para los pobres un tipo de
producto, para los ricos otro-, la teoría de la dependencia, la visión mítica
de la planificación central como una panacea de eficiencia administrativa, los
cambios múltiples –en el oficial el dólar una cosa, en el negro otra-, el
control de precios, la policía económica, la sustitución de importaciones y demás.
No se le puede reprochar nada a aquellos hombres, porque no se sabía entonces cómo
se genera riqueza. Haber pensado en aquella época como piensa Jerónimo Roca,
no tiene nada especial, malo es pensar así hoy, cuando se sabe a ciencia cierta, lo que hay
que hacer y lo que no.
No
se dan cuenta que es una ley de la economía: a mayor presión, mayor evasión y
menor inversión y rentabilidad.
