Hoy
la gente siente que el principal problema que tiene Venezuela tiene nombre y
apellido y se llama: Nicolás Maduro.
Hoy
el Ejército venezolano comete el delito de guerra de emprenderla contra civiles
desarmados.
Hoy
la tortura física y psicológica es el arma psico política que el gobierno
utiliza contra la gente. Se le obliga al torturado a mentir y se le da orden a los
Ministros a apresar a todo aquel que denuncie que en Venezuela hay torturas.
Un
gobierno que le dice a la población civil que va a ser armada con fusiles
contra otros compatriotas.
En
Venezuela hubo un golpe al Estado, ahora estamos en presencia de un golpe de
Estado continuado, por parte del gobierno. Hay otro golpe que para justificar
la represión selectiva y masiva, el gobierno se sirve del Tribunal Supremo de
Justicia, el Alto Mando Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional, ejerciendo un terrorismo masivo y otro selectivo, que se aplica contra
determinadas personas en forma intimidatoria hacia los colaboradores y
compañeros de partido de los Representantes opositores. La gente está doblada,
pero no quebrada y espera que las lágrimas de hoy sean la sonrisa del mañana.
Por
hacer manifestaciones en las calles en ejercicio del derecho que les confiere
la Constitución venezolana en el artículo 68, que a texto expreso sostiene: “Los
ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas,
sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas
de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La
ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el
control del orden público.”.
La
crisis venezolana trasciende y le da una transversalidad a la institución
castrense, que los compromete en el delito de traición a la patria. Este es un
gobierno militar que lleva 18 años de opresión y la Constitución ha sido
violada descaradamente durante todo éste período. La gente tiene la obligación
moral de restituir el hilo constitucional y ya no les tiene miedo.
Este
ataque sistemático y generalizado contra la población civil con 538 privaciones
de libertad, lo único que indica es la profunda debilidad de un gobierno que
con su legitimidad de origen basada en un gran fraude, carece ahora de total
legitimidad de ejercicio.
Cuando
se robó el referéndum revocatorio el año pasado, y las elecciones regionales,
no es descabellado pedir elecciones anticipadas generales para restablecer el
orden constitucional.
Como
dice el artículo 25 de la Constitución venezolana: “Todo acto dictado en
ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por
esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias
públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y
administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes
superiores.”. Para la Constitución venezolana no existen deberes
inconstitucionales; la represión tiene un costo y como la fuerza armada regular
no lo quiere asumir, frente a eso aparecen los colectivos y las milicias.
Producto
del hampa hoy se asesinan 28 mil venezolanos al año. La inseguridad ciudadana
llega al punto de que se sabe cuándo se sale de la casa, pero no cuando se
llega del trabajo.
Aquí
el único terrorismo que existe es el de Estado dirigido por Nicolás Maduro,
cuando los cuerpos parapoliciales actúan a sus anchas disparando contra la
población. La fuerza represiva del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBÍN) o la Guardia Nacional, es el único sostén que tiene Maduro.
Hay
una enorme determinación en la lucha clara del venezolano por recuperar la
democracia y la libertad y terminar con la patraña de la Unión Cívica‑Militar
que inventó Chávez.
Venezuela
no quiere ser un cuartel y la Comunidad Internacional tiene el deber de exigir
la cláusula democrática. Los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes
bajo una indiferencia generalizada.
Cuba
vive del narcotráfico, la jineteras y las remesas que les envían los ex
disidentes y ahora pierde el rol que jugó Venezuela tras la caída del
comunismo. Esta narco dictadura que es el gobierno de Maduro, entregó en forma
ilegal concesiones petroleras y mineras que no pasan por la Asamblea Nacional. Las
empresas que están participando en estas operaciones ahora han recurrido a
ceder bonos de la deuda pública con un compromiso de recompra a un tercio de su
valor, generando un gran daño patrimonial al país. Se suma hoy una práctica
consistente en la colocación del oro como colateral, para poder seguir robando
y embolsando los recursos y los bienes de la República, mientras la gente muere
en la desnutrición y la pobreza. Se le entrega a Maduro un dinero para sostener
la corrupción con obtención de recursos ilegales, auspiciados incluso por la
Banca internacional, que se compromete con los mismos delitos por los que está
acusado Maduro.
Todo
esto se hace por detrás de la Asamblea Nacional violando el artículo 150 de la
Constitución venezolana según la cual “La celebración de los contratos de
interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los
casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés
público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales
extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a
ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los
contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad,
domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.”.
El
gobierno ignora la Asamblea Nacional y para seguir robando en plena debacle
sale a masacrar en el marco de un golpe de estado integral económico, hasta
llegar al límite de una crisis humanitaria.
El
costo de la corrupción es de 60 mil millones de dólares al año y el gobierno
pretende que lo pague la población. Todas estas empresas que pasan por encima del
orden constitucional, se enfrentan al hecho de que esos contratos van a ser
ignorados cuando esta situación tremenda se termine.
Invierten
a sabiendas del riesgo que corren con contratos que serán rescindidos, porque
son nulos de toda nulidad. El golpe es integral para poder seguir saqueando sin
ningún tipo de control, con impunidad.
En
un estado de resistencia democrática permanente, hay un pueblo de pie por el
restablecimiento de la Constitución y su vigencia.
Esperanza
y fe en el futuro hasta lograr estos objetivos es el sentimiento más profundo
de la Unidad Democrática, porque otra Venezuela es posible.
Si no puedes ver el video haz click aquí
Si no puedes ver el video haz click aquí
