Es verdad que no todo el Frente Amplio
está de acuerdo con una reforma constitucional, pero es un hecho que cuando uno
analiza quienes son los que insisten sin parar, un día sí y otro también, en
una reforma de esas características, la conclusión se cae por su propio peso.
Tanto el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, el Partido
Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), si algo los ha
caracterizado hasta ahora, no es solamente la obsesión por asfixiar
impositivamente a quien trabaja más, sino también la defensa irrestricta del
gobierno despótico de Maduro y la insistencia constante en una reforma
constitucional muy parecida a la venezolana.
Hubo en Venezuela proceso bolivariano
porque tras la reforma constitucional de 2009, cayeron en un proceso de
reelección indefinida. Los bolivarianos de acá no entran en este terreno,
porque sería demasiado obvio hasta para el más desavisado visualizar a dónde
realmente quieren ir, entonces argumentan tonterías para empezar a toquetear la
Carta Magna a su gusto y paladar.
Obsérvese estas raras coincidencias.
Dice el Capítulo I del Título IX de la Constitución venezolana de 1999 cuando se
refiere al procedimiento para realizar una enmienda constitucional, en el
Artículo 340 que: "La enmienda tiene por objeto la adición o modificación
de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura
fundamental.". Todos sabemos que no es así y que hoy Venezuela es una
dictadura monda y lironda basada en esa Constitución e incluso contra
disposiciones de la misma.
Razonan incluso de una forma muy
parecida. Así en Venezuela se decía: "Las enmiendas a la Constitución se
tramitarán en la forma siguiente:
1. La iniciativa podrá partir del quince por
ciento de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Civil y
Electoral; o de un treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea
Nacional o del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea
Nacional, la enmienda requerirá la aprobación de ésta por la mayoría de sus
integrantes y se discutirá, según el procedimiento establecido en esta
Constitución para la formación de leyes.
3. El Poder Electoral someterá a referendo
las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal.
4. Se considerarán aprobadas las enmiendas de
acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley respecto al referendo
aprobatorio.
5. Las enmiendas serán numeradas
consecutivamente y se publicarán a continuación de la Constitución sin alterar
el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la
referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó".
En el Uruguay es muy parecido solamente, que
la vía por la cual implementar la reforma constitucional genera diferencias.
Por ejemplo, en Venezuela primeramente se había anunciado que la iniciativa
partiría de los ciudadanos, pero según Hugo Chávez el proceso sería engorroso y
menos expedito, al tener que recolectar alrededor de 2.550.000 firmas, por ello
se decidió que la forma más rápida debía ser a través de la Asamblea Nacional.
En el Uruguay el Partido Socialista y
los comunistas son los únicos que hoy por hoy defienden la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente al estilo chavista. El resto de los sectores se
inclina por la recolección de firmas para plebiscitar un proyecto de reforma de
la Carta Magna y no es porque los tiempos no den a esta altura del partido, o
los espacios políticos estén en barbecho ante la dimensión del desengaño
frentista o los temas centrales se le estén confundiendo con los puntuales,
como cree Daoiz Uriarte, o el Presupuesto de 2007 lo tenga subsumido en la
reflexión sistemática como quiere hacer creer Danilo Astori, sino porque es vital
para los sectores no tan identificados con el chavismo tratar en lo posible de
disimular un poco y no marcar tanta bobera seguidista. Aunque parezca mentira
en el momento que pierden la mayoría parlamentaria plantean un instrumento que
exige el doble de los integrantes del Parlamento. Sólo el Partido por la
Victoria del Pueblo (PVP), el comunista y el socialista que viven en el limbo
de la ideología bolivariana pueden en esta circunstancia actual soñar
despiertos. Los demás no se tienen tanta fe.
Más allá de divergencias tácticas,
estratégicamente están todos embarcados en un proceso de reforma constitucional
de carácter bolivariano.
Si se analizan detenidamente los 10 puntos en
cuestión, parece el mundo del revés de María Elena Walsh. Mientras se le quitan
recursos a la Justicia y se pretende que los juicios los paguen ellos y para
mentir abiertamente se proclama muy suelto de cuerpo que se debe "mejorar
el funcionamiento al efecto de contribuir al acceso de la población a la
Justicia", cuando no hicieron otra cosa que sancionar un Código Penal más
benigno con la delincuencia.
La idea de la coalición dice ser
"garantizar un Poder Judicial independiente, imparcial, eficiente, eficaz
y oportuno que sea el último garante de los derechos". Para eso se plantea
"procurar" el mejor sistema para la selección, la designación, el
ascenso y la capacitación de los jueces”. Todos sabemos que el sistema judicial
ya es independiente y que lo que están buscando es incidir políticamente en los
magistrados.
Se habla, por ejemplo, con total desparpajo,
de potenciar las Comisiones Investigadoras parlamentarias cuando lo que han
hecho es obstruirlas e impedirlas sistemáticamente.
En medio del rosario de adefesios que
significan estos 10 puntos, se quiere volver al voto consular cuando éste fue
rechazado abierta y mayoritariamente por la población en el Uruguay y faltaba
más, entrar a toquetear la propiedad privada, que como todos sabemos es un
derecho humano garantizado por las Naciones Unidas, para posibilitar más
abiertamente la ocupación de viviendas y terrenos.
Hablan además un lenguaje sub realista. Quieren
consagrar un Sistema Nacional de Cuidados cuando no han sabido implementarlo, quieren
cambiar la relación de los empleados con los empleadores para poder ocupar
fábricas y lugares de producción a como se le des la gana a estos expropiadores
que lo único que saben hacer es destruir el empresariado interno y correr las
inversiones.
Es una reforma sin nada importante para el
bien del país, puramente politiquera, preocupada en ganar en primera vuelta sin
balotaje, y que se vote todo junto los comicios departamentales y los
nacionales para que no quede claro que a nivel municipal sacan menos votos que
en el plano nacional.
En este sentido de la tan manida reforma
constitucional todos recordamos a Lucía Topolansky cuando decía que hay que eliminar
el Senado" y "rever la representación en las proporciones de la
ciudadanía para que sea una cámara de representación más directa", y de
esa forma darle "otras agilidades" al trámite parlamentario y
guarangadas al estilo de crear nuevos departamentos unificando a los que ya
existen.
Es evidente que cuando no se tiene nada
concreto realizado que ofrecerle como conquista a la ciudadanía, seguir
lanzando perdigonadas al aire parece ser la única estrategia a seguir por una
fuerza política que ve con miedo que se le termina el marco regional de acción
que ha tenido hasta ahora.
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