Operação Lava Jato (en español: Operación
lavado de autos), es el nombre que se le da a una investigación llevada a cabo
por la Policía Federal de Brasil, cuya investigación judicial fue iniciada en
17 de marzo de 2014, con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en
busca de prisión temporal, teniendo como objetivo investigar un esquema de
lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales
brasileños. Y considerado por la Policía Federal, como la mayor investigación
de corrupción de la historia de Brasil.
La operación recibió ese nombre debido al uso
de una red de lavanderias y estaciones de servicio por una banda para mover
valores de origen ilícito. La denuncia inicial partió del empresario Hermes
Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intento lavar dinero en su empresa
Dunel Indústria y Comércio, fabricante de componentes electrónicos. A partir de
la denuncia inicial, fueron emprendidas diferentes investigaciones que
terminaron con la identificación de cuatro grandes grupos criminales, dirigidos
por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama y Raul
Henrique Srour.
En el transcurso de la investigación se
identificó a quien cambiaba dólares al margen de la ley, Alberto Youssef, quién
había adquirido un vehículo Range Rover Evoque para Paulo Roberto Costa,
ex-director de Petrobras. Fueron también recogidas evidencias de pagos indebidos
realizados a las empresas contratistas de contratos en RNEST (Refinaria Abreu e
Lima) para Alberto Youssef.
Hasta abril de 2014, la operación ya contaba
con 46 personas acusadas por la creación y participación de la organización del
crimen, delitos en contra del sistema financiero nacional, falsedad documental
y lavado de dinero y 30 personas apresadas, entre ellas Alberto Youssef y el
ex-director de Petrobras, Paulo Roberto Costa.
En junio de 2014, el ex-director negó
cualquier participación en el esquema delictivo, sin embargo, luego de que la
Policía Federal realizara investigaciones de búsquedas en empresas de la
esposa, hijas y esposo de la hija, se encontró evidencia que tanto él, como su
familia estaba incriminada en actos ilícitos. Paulo Roberto Costa decidió
colaborar con el Ministerio Público Federal valiéndose del uso de la delación
premiada, pudiendo obtener de esa forma una reducción considerable a su pena y
la posibilidad de cumplimiento de la misma en régimen domiciliario, con el pago
de una fianza.
En enero de 2015, el Ministerio Público
Federal lanzó un portal que reúne una serie de informaciones, como el número de
personas en proceso de investigación, cantidad de procedimientos instaurados y
la totalidad de las denuncias presentadas. El prontuario fue producido por el
grupo de trabajo que se ocupa de la operación, en colaboración con el
Departamento de Comunicación de la Oficina del Fiscal General de la República.
En los 190 términos de los testimonios de
Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, Dilma Rousseff fue citada once veces. En
las declaraciones, consta que en la campaña presidencial de Rousseff en 2010
recibió $ 2 millones de reales del esquema de "propinas" de
Petrobras. En las elecciones presidenciales de 2014, las contratistas
investigadas por la operación Lava Jato donaron, juntas, casi 98,8 millones de
reales a los candidatos a la presidencia que disputaban el segundo turno, Aécio
Neves y Dilma Rousseff.
Las investigaciones contra el senador Aécio
Neves fueron archivadas en marzo de 2015 por determinación del ministro Teori
Zavascki, archivadas conjuntamente, con las investigaciones contra el
ex-diputado Henrique Eduardo Alves.
El 6 de marzo de 2015, el ministro Teori
Zavascki del Tribunal Supremo Federal, determinó reabrir 28 casos a 47
políticos sospechosos de estar involucrados con Petrobras. En la lista se
encuentran congresistas, senadores y diputados, supuestamente envueltos en la
receptación o entrega de sobornos de la petrolera estatal, además de dos
operadoras del esquema. Para los abogados, "el mero inicio de la
investigación" ya genera una "vergüenza enorme".
Pero el tema no concluye aquí. Un millonario
negocio entre Petrobras y Repsol-YPF realizado en 2010 integra la extensa lista
de operaciones de la petrolera estatal de Brasil, que la Policía Federal de ese
país investiga, por sospechas de corrupción, en el marco de la ya explicitada
Operación Lava Jato.
Se trata de la transacción del 30% de la
refinería Alberto Pasqualini (Refap), en Rio Grande do Sul, que la empresa
hispano argentina le vendió en diciembre de ese año a Petrobras, que ya poseía
el otro 70%. Los investigadores indagan si el entonces director de
Abastecimiento de la compañía brasileña, Paulo Roberto Costa, recibió una coima
para facilitar el traspaso.
La petrolera brasileña y Repsol-YPF eran
socias en Refap. En 2010, Petrobras le compró a su contraparte su participación
minoritaria en la refinería por un valor de 850 millones de dólares, de los
cuales 500 millones sirvieron para saldar una deuda de Repsol-YPF con
Petrobras.
En la mira. El encargado de la operación fue
Costa, hoy preso bajo la sospecha de haber sido el eje de un sistema de sobornos,
lavado de dinero y financiamiento sucio a políticos en el seno de Petrobras. Al
respecto es dable consignar que entre los papeles que la policía le incautó a
Costa, se halló una planilla de contabilidad personal en la que el ex directivo
anotó dos “entradas” por 500 mil reales (alrededor de 200 mil dólares) cada
una, asociadas al nombre del doleiro Alberto Youssef, señalado como el
“lavador” de dinero en la trama del escándalo del Petrolão.
El 13 de agosto de 2012, el propio Youssef
registró esos mismos dos pagos en su propia contabilidad, bajo el rótulo
“Refap” y en concepto de la décima y la onceava cuotas de un presunto acuerdo,
por un total de 10 millones de reales (cerca de 4 millones de dólares). Eso fue
dos semanas después de que se concretara y oficializara el traspaso total de la
refinería a manos de Petrobras, lo que hizo sospechar a la Policía Federal que
se trató de un soborno a Costa.
Como consignan los analistas políticos en
Brasil, la Operación Lava Jato es un proceso inédito en la historia brasileña,
que hasta hoy puso en jaque no sólo a políticos, sino también a los directivos
de las mayores empresas de infraestructura del país.
Si miramos hacia Argentina vemos que en
relación al modelo de gestión de Repsol en YPF, se puede observar que se
caracterizó -y se caracteriza– por extraer todo el volumen de hidrocarburos
posible, es decir, sobreexplotación de los yacimientos, sin realizar
inversiones de capital de riesgo para mantener un horizonte estratégico de
reservas (alrededor de 7 pozos anuales de exploración entre 1999 y 2005) y sin
preocuparse por el daño medioambiental (como ocurrió catastróficamente en
Mendoza y Neuquén), así como también practicando evasión impositiva y
exportaciones no fiscalizadas en sus “declaraciones juradas”, como ha sucedido
en Argentina y en Bolivia.
Por ejemplo, cuando se analiza la tabla
dinámica de MS Excel “Producción y Pozos” de la Secretaría de Energía de la Argentina,
se observa que en la hoja de cálculo “Distribución de la producción de gas
natural” YPF S.A. presenta en la fila “Consumo en Yacimiento” los siguientes
volúmenes de gas natural: 1.361 millones de m3 en 1999, 1.166 millones de m3 en
2000, 5.485 millones de m3 en 2001, 1.369 millones de m3 en 2002, 1.433
millones de m3 en 2003, 1.458 millones de m3 en 2004 y 1.474 millones de m3 en
2005. Estos datos sugieren un “blanqueo” de contrabando de gas natural; es
decir, exportaciones no fiscalizadas. Porque es imposible técnicamente que el
consumo en los yacimientos de YPF supere los 300 millones de m3 anuales.
Situación similar se replica en las hojas de cálculo “Reinyectado a formación”
y “Aventado”. Estos datos sugieren que YPF S.A. está cometiendo en Argentina
irregularidades en las declaraciones juradas respecto a la extracción,
comercialización en el mercado interno y exportación de hidrocarburos y derivados.
Y también en la declaración de reservas certificadas y probadas de estos recursos
de carácter estratégico.
Para entender lo que realmente sucede con
Repsol y el entronque que esto tiene con la Operación Lava Jato, veamos el siguiente
ejemplo ilustrativo: supongamos que Repsol YPF dice extraer en un año 10 metros
cúbicos, paga regalías por esos 10 metros cúbicos, y oculta en sus
declaraciones juradas los 18 metros cúbicos restantes de un total real de 28
metros cúbicos; y lo mismo se replica para el caso de las exportaciones, para
pagar menos retenciones; y todo lo contrario ocurre cuando declara niveles de
reservas probadas, ya que las “infla” para que la cotización de la compañía en
las bolsas internacionales rinda cada año de acuerdo a sus intereses
particulares, como sucedió hace un tiempo con la petrolera anglo-holandesa Shell.
Cualquier parentesco con lo de ANCAP es pura
casualidad.
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