Cuando
se analiza el tema de la legalización de la venta de marihuana desde el punto
de vista de las consecuencias indirectas que ha de traer aparejado, es cuando se
constata la enormidad ante la que estamos lanzados.
En
principio, en un país con el tráfico sobresaturado y con un parque automotriz
que está más allá de la capacidad urbana que Montevideo tiene para transitar,
en donde quien maneja debe cuidarse por él y por el otro, porque de nada sirve
tener razón y llevársela a la tumba, lo primero que va a generar la venta libre
de marihuana es una mayor cantidad de accidentes automovilísticos.
Los
inspectores que son resistidos y que además no dan abasto van a tener que
realizar un nuevo control, ante el cual no está claro qué mecanismos han de
utilizar para tal fin y si a esto se le agrega que el fumador de marihuana bien
puede ser el que maneja una moto o un carrito, salir a la calle y volver con
vida se va a convertir en una proeza tan cotidiana, como meritoria.
Para
liberar la marihuana en un esquema como el que plantea la ley en donde el
Estado es el que controla todo el proceso, se precisa tomar gente y preparar
funcionarios aleccionados para tal fin. Este es un año en donde ya no se pueden
votar partidas presupuestales adicionales y por ende, cuando la marihuana se
ponga a la venta, el Estado tendrá que llevar a cabo todos esos controles con
el mismo personal que hoy tiene. Estamos hablando de un gobierno que reconoce
que no puede controlar a las barras bravas a nivel futbolístico, no se entiende
por ende, de qué manera con el mismo personal que hoy tiene, puede controlar el
narcotráfico. Es la misma situación de aquel que cuando va a un gimnasio a
levantar pesas, no puede con mancuernas de 10 kilos en cada mano y pide que le
den pesas de 40 kilos. Es algo que está en la tapa del libro, el que no puede
con lo menos, menos puede con lo más.
A
esto se agrega el contexto regional en el cual esta ley entra en vigencia. En
la Argentina los obispos están preocupados, y en la Conferencia Episcopal dicen
sin ambages que "la Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una
situación de difícil retorno"; constatan que el narcotráfico destruye la matriz
social, porque la gente para sobrevivir, termina en un proceso de
descomposición colectiva, negando las razones del vivir. Al final, la mayoría
no sobrevive, sobre muere como ayudante del negocio. Lo que no dicen los
obispos es que el drama de la droga y el narcotráfico está en el hecho de que
la economía funciona en torno a eso. Termina siendo el único generador de
empleo directo y accesible para una sociedad inculta y sin ninguna preparación,
en un mundo en donde los puestos de trabajo, por sencillos que sean, exigen una
alta calificación.
Si
al respecto se tienen en cuenta las facilidades impositivas que el gobierno le
ha de dar a los cultivadores de marihuana, cualquiera entiende que de ahora en
más carece de total sentido plantar lechuga, zapallito o acelga. No hay un solo
producto agropecuario que tenga el retorno que puede alcanzar la droga.
El
escenario que se abre es catastrófico porque la presión internacional de gente,
que ya estamos viendo en la prensa internacional que se derrite por venir al
Uruguay, va a generar por la vía de los hechos una situación dada que es
después prácticamente imposible de revertir, por más que el gobierno diga que
los no residentes no tendrán acceso a la marihuana. Así como hay hoteles para
el turismo gay, ya se están preparando para este nuevo tipo de turismo; el
sistema de blanqueo de la operativa es tan sencillo, como inoperante un Estado
que ni siquiera tiene gente capacitada y con experiencia concreta en el manejo
de esta realidad nueva.
Decir,
como dice Luis Gallo que todo esto no tiene importancia porque el Uruguay es un
país de paso, empieza siendo una provocación a los vecinos –ya Brasil se arrogó
el derecho de entrometerse en lo que Uruguay está haciendo- y no deja de ser
una verdadera estupidez. Que un lugar sea de pasada, no le quita peligrosidad a
una cosa, sino que la agrava, por la sencilla razón de que nuestro país termina
siendo cabeza de playa para operar desde aquí, hacia el resto del mundo. Los
intereses creados que eso genera los vuelve en poco tiempo un poder paralelo,
más fuerte que el poder existente. Si hoy los narcotraficantes buscan al
Uruguay como un país de refugio es impensable a donde se puede llegar no bien
la marihuana comience a venderse.
Independientemente
de todo esto hay otro hecho. El gobierno dice que va a competir con el
narcotráfico porque testifica en el mercado con un producto más barato y de
calidad. Lo que no dice es que la marihuana producida en Paraguay, de bajo
precio, inundará el mercado uruguayo apenas se reglamente la ley que legalizó
el consumo de esa droga. Paraguay es el segundo productor de marihuana en
América detrás de México y el tráfico de ella hacia Uruguay será muy difícil de
combatir o detener por falta de infraestructura para el control por aire, agua
y tierra. La marihuana crece mejor en Paraguay que aquí y por lo tanto, es
falso que se puede generar un mejor producto en suelo uruguayo o que la
trazabilidad semilla por semilla permita un control de lo que se cultiva,
porque cualquier plantío se va a convertir en la fachada para la distribución
de la marihuana de calidad, esto es, de la paraguaya.
Con
respecto al precio se miente también, porque en Paraguay ronda en los 60
dólares por kilo y en el Uruguay va a estar en los 300 dólares.
Cuando
se analiza el tema fríamente por sus concomitancias últimas es cuando se
percibe fácilmente que no es para nada transparente ni la ley, ni su
reglamentación y que tampoco hay mucha buena fe, en lo que el gobierno está haciendo.
Más allá de estas reflexiones, el
narco argentino no lo precisa al Uruguay, ya tienen montada su estructura en gran escala, pero en Brasil están preocupados.
