El
reciente referéndum constitucional en Bolivia se inscribe en un contexto
regional que a esta altura de lo que está ocurriendo en Argentina, Brasil y
Venezuela –todos países del Mercosur-, se está volviendo una constante
inequívoca del gran cambio político llamado a ponerle fin a más de una década
de gobiernos mal llamados progresistas.
El rechazo a la reelección indefinida de Evo Morales responde a múltiples razones. Por un lado, la enorme corrupción, como la compra de 16 barcazas chinas y como en el famoso caso del Fondo Indígena que salpicó a dirigentes de organizaciones sociales que ahora promovían la reelección del Presidente. Estos caciques recibieron recursos públicos en sus cuentas personales para la ejecución de proyectos, pero no fueron ejecutados o están a media ejecución.
El rechazo a la reelección indefinida de Evo Morales responde a múltiples razones. Por un lado, la enorme corrupción, como la compra de 16 barcazas chinas y como en el famoso caso del Fondo Indígena que salpicó a dirigentes de organizaciones sociales que ahora promovían la reelección del Presidente. Estos caciques recibieron recursos públicos en sus cuentas personales para la ejecución de proyectos, pero no fueron ejecutados o están a media ejecución.
La
gente vio que detrás de esa máscara indigenista se violaron los derechos de los
pueblos indígenas autorizando la explotación petrolera en áreas protegidas.
Con
respecto al tema hidrocarburos, más que una nacionalización, fue una
expropiación lisa y llana, en donde tras 10 años no se tomaron siquiera la molesta de hacer la migración de
los contratos petroleros.
La
total ausencia de política económica lo condujo a Evo Morales a endeudarse con
China en 7,400 millones de dólares.
Estamos
hablando de un país en donde ha habido un alarmante crecimiento del narco
tráfico y de la inseguridad ciudadana, en donde la justicia no tiene
independencia y está sometida al Superior Gobierno y su partido, en donde no se
crearon empleos y empresas productivas y en donde se persiguen a indígenas,
ciudadanos y dirigentes políticos que están en desacuerdo con el gobierno.
A
todo esto se suma el escándalo por el noviazgo con Gabriela Zapata Montaño con
quien tuvo un hijo en 2007. Lo sexual sería lo de menos en un Presidente como
Evo, que como es bien sabido se acuesta con todas las Ministras del gabinete;
el tema de fondo aquí es que tan esbelta criatura trabaja para la empresa China
CAMC Engineering Co, que mantiene millonarios contratos con el Estado, que
representan según Carlos Valverde uno de los negocios más grandes que se hacen en
Bolivia. Los contratos según Valverde están estimados por un valor de 566
millones de dólares. De esta manera se adjudicó en los últimos años los
contratos más jugosos en materia de infraestructura ferroviaria (Bulo Bulo-Montero)
industrial (plantas de zinc y potasio, equipos para YPFB, ingenio San
Buenaventura) y de ingeniería civil (Misicuni).
Operaciones como la
ruptura unilateral de Bolivia con el contrato que hizo con la empresa y
ejecutar una boleta de garantía por al menos 50 millones de dólares, ponen a Evo
Morales no solamente, frente al delito de tráfico de influencias, sino también
al de enriquecimiento ilícito.
Mientras Evo Morales y
su hija dicen que el Presidente desde 2007 no tiene más vinculación con Zapata
Montaño, aparecen fotografías que muestran al mandatario junto con ella en 2015.
Hasta el momento las
denuncias más graves de corrupción afectaban a los allegados y colaboradores
del Presidente, ahora salta un caso directamente vinculado al Primer
Mandatario.
Ante esto Bolivia tuvo
la madurez y la sensatez de decirle que no a ese sueño autocrático de
eternizarse en el poder mediante el reeleccionismo indefinido. Tanto Menem y
Cristina Kirchner en Argentina, como Chávez en Venezuela, Corrrea en Ecuador y
Evo Morales creyeron que vinieron para no irse nunca más y en Bolivia reciben
el No a la reelección, que tanto bien le hubiera hecho a Venezuela en su
momento.
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